Jueves, 06 Octubre 2016 00:00 Justicia

El informe de asistencia penal será clave en vinculación de exministro

El exministro de Hidrocarburos, Carlos Pareja Yanuzzelli,  durante su comparecencia en la Comisión de Justicia.
El exministro de Hidrocarburos, Carlos Pareja Yanuzzelli, durante su comparecencia en la Comisión de Justicia. Foto: Mario Egas / El Telégrafo

El fiscal general del Estado, Galo Chiriboga, espera que la Corte dé fecha para instalar la audiencia de formulación de cargos, la que involucrará a 12 personas.

Redacción Justicia

El informe de la asistencia penal de Panamá será la prueba que la Fiscalía de Ecuador presentará en la audiencia de formulación de cargos, en contra del exgerente y exasesor de Petroecuador, Carlos P.Y. y Arturo E., respectivamente, para vincularlos junto con otras 10 personas en la causa de presunto cohecho a la empresa petrolera, en la que está imputado Javier B., quien desde el 17 de agosto de este año guarda prisión en un centro de rehabilitación en Quito.

Según el fiscal general del Estado, Galo Chiriboga, la vinculación de Carlos P. se hará con base en las evidencias obtenidas mediante asistencia penal internacional de Panamá. Se trata de las transferencias que recibió la empresa Girbra, de Álex B., por parte de contratistas de Petroecuador;” a la vez las transferencias enviadas por Girbra a Escart, de Arturo E., y a Capaya, cuyo beneficiario es Carlos P., y a sus familiares”.

En 2012 Carlos P.Y. se encargó de la gerencia de la refinería de Esmeraldas. El 20 de julio de 2015 ascendió a la gerencia general de Petroecuador. Cuatro meses después fue designado ministro de Hidrocarburos. En el anterior cargo fue designado el esmeraldeño Álex B., quien también laboró en la refinería de Esmeraldas.

Carlos P. no duró ni un año en el cargo de ministro porque renunció aduciendo problemas de salud. Pero su tranquilidad se alteraró porque tras la aparición de los papeles de Panamá, la Comisión de Justicia de la Asamblea inició una investigación en torno a las inversiones en paraísos fiscales de funcionarios públicos.

El informe de la comisión de Justicia, elaborado sobre la base de los documentos de la Contraloría, Servicio de Rentas Internas y Superintendencia de Bancos, determinó que las declaraciones juramentadas de bienes eran inconsistentes, entre ellas las de Carlos P. y Álex B., así como de 12 funcionarios públicos. Esto generó una indagación fiscal.

En primera instancia fue detenido Álex B. e imputado por el presunto delito de enriquecimiento ilícito y por tráfico de influencias. Ahora podría también ser vinculado  en el caso de cohecho. Paralelamente los hermanos Javier B. y Andrés fueron sindicados por los millonarios contratos que adjudicaron durante las funciones de Álex B.
Según Javier B., su función en Oil Service and Solutions (OSS) era velar por la ejecución de los proyectos que desde 2012 realizó con E.P. Petroecuador. Muchos de esos contratos se culminaron.

En la Asamblea fue cuestionado

Durante su comparecencia en la Comisión de Justicia de la Asamblea, Carlos P.Y. fue duramente cuestionado tras indicar que desconocía la constitución de la empresa offshore Capaya, en Panamá, de Jelice Herrera Ferrín,  esposa de Álex B.

Además sostuvo que desconocía los contratos suscritos por su antecesor en la petrolera.

Para reforzar la investigación de este caso, la Fiscalía solicitó a Panamá una ampliación de la asistencia penal internacional a fin de obtener información sobre los movimientos bancarios de empresas vinculadas a Álex B. y Arturo B., que se reportan en el primer informe.

La Fiscalía también pidió asistencia penal internacional de Suiza y Estados Unidos.  (I)

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