Cuatro jueces resultaron destituidos en 8 meses

| 23 de Agosto de 2017 - 00:00
La actuación de los funcionarios de la Función Judicial pasa por un control disciplinario de la Judicatura.
FOTO: Foto: Archivo / El Telégrafo

En lo que va del año, 344 causas se iniciaron contra operadores de justicia, de las cuales el 98,83% se rechazó.

No se ha vulnerado la independencia judicial de los operadores de justicia, sostuvo ayer Julio Aguayo, director provincial del Consejo de la Judicatura de Guayas.

La reacción obedece a la denuncia que 40 exservidores judiciales, agrupados en el comité nacional de jueces contra la corrupción, presentaron públicamente el lunes último. Cuatro de ellos sostuvieron que fueron sometidos a presiones y persecuciones para que dicten fallos a favor de determinadas personas. Su  desobediencia los condujo a la destitución de sus cargos por error inexcusable.

Los exjueces mencionaron que tenían audios pero no los entregaron para escucharlos, solo presentaron un manifiesto, en el que anuncian las acciones penales por cohecho, concusión, tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito y delincuencia organizada.

Aguayo explicó que la Judicatura cuenta con un control disciplinario como herramienta para aquellos funcionarios, que fueron elegidos por concurso, y no honraron su compromiso con el pueblo. “Cuando el CJ conoce denuncias de personas perjudicadas, se evidencia un comportamiento de manifiesta negligencia o de error inexcusable, actúa para evitar que se genere más daño a la ciudadanía”.

El error inexcusable es aquella  interpretación totalmente sin fundamento que causa daño contra  norma expresa. Y la manifiesta negligencia es una actuación que visiblemente es irresponsable y que también genera una afectación.

El juez, dentro de la independencia que tiene, es responsable de sus consecuencias. “Los jueces que actúan sin competencia, que ordenan el embargo de un cantón para que lo rematen, u ordenan perjuicios económicos al Estado, se someten al control disciplinario.

Aguayo dijo que de enero a julio de este año, de un universo de 344 causas contra operadores de justicia, se destituyeron a cuatro por error inexcusable. Es decir el 98,83% de los expedientes fue  rechazado.

Tras rechazar los términos persecución y presión que aducen los exjueces, el funcionario dijo que  de los 625.536 procesos iniciados en 2016 en el país, en el 99,90% de los casos no hubo reclamación administrativa, es decir nadie se sintió perjudicado. “Hay que dimensionar la carga de procesos que existe a nivel nacional con la totalidad de causas iniciadas por sumario administrativo. Y solo el 0,10% de juicios se generó por error inexcusable”.

Ante la mención de su nombre por los exjueces como uno de los funcionarios que ayudó a sus destituciones, Aguayo sostuvo que en su caso concreto ejerció como fiscal hasta junio de 2012, desempeñó funciones administrativas desde marzo de 2016, en la Judicatura desde julio 2016, “no me correspondió el manejo disciplinario, y en mi calidad de juez de fuero me ha tocado juzgar a jueces; y por prevaricato no emití boleta de detención contra algunos de ellos”.

Además, sobreseyó a jueces porque consideró que sus conductas no estaban amparadas en un tipo penal. El director del CJ encargado se refirió al caso de la exjueza Madeleine Pinargote, una de las denunciantes. Ella fue destituida por manifiesta negligencia y error inexcusable, según los sumarios administrativos que reposan en el Consejo de la Judicatura.

Agregó que deben corregir los excesos de servidores judiciales, como por ejemplo del juez que dispuso el embargo de una zona urbana de un cantón. Él fue sancionado. (I)

422.041 personas con discapacidad serán protegidas 

Ocho instituciones, que integran el Comité Interinstitucional, aprobarán en tres meses los “protocolos y rutas para la protección de derechos de las 422.041 personas con discapacidad”.

Tras la firma de un convenio de cooperación, el Consejo de la Judicatura (CJ) y el Consejo Nacional para la igualdad de Discapacidades (Conadis) conformaron un comité interinstitucional, integrado por los representantes de los ministerios de Justicia e Interior, de las defensorías Pública y del Pueblo, de la Corte Nacional de Justicia y de la Fiscalía General del Estado. Ellos se encargarán, en un plazo de tres meses, de aprobar los “protocolos y rutas para la protección de derechos de las personas con discapacidad”.

El presidente del CJ, Gustavo Jalkh, indicó que entre las acciones emprendidas por la Judicatura para atender a este grupo de atención prioritaria están el mejoramiento en el acceso a las dependencias judiciales y la capacitación a 3.675 funcionarios en el Manual de Atención en Derechos de Personas con Discapacidad que fue elaborado en 2015 con el Conadis. Este instrumento es un referente en la región. Para evitar el incumplimiento de esta guía las personas con discapacidad pueden denunciar, con pruebas, el maltrato del que son objeto, para sancionar a los responsables.

Xavier Torres, titular del Conadis, manifestó que cuando una persona con discapacidad es infractora o se violen sus derechos se debe saber qué ruta seguir. Por eso, es prioritario que los jueces cuenten con una guía para mejorar sus actuaciones. Además, certificarán, en coordinación con el CJ, a los peritos en lengua de señas. (I)