Cuarto motín se registra en otra prisión de Brasil

- 18 de enero de 2017 - 00:00
Los reos se ocultaban tras vallas para evadir las balas de goma disparadas por los policías.
Foto: AFP

Uno de los problemas radica en que el 41% de los reos alojados en cárceles superpobladas no tiene sentencia.

El presidente de Brasil, Michel Temer, tomó ayer una decisión radical desde el fin de la dictadura militar, en 1985, al determinar que las Fuerzas Armadas pueden brindar seguridad interior e intervenir en las cárceles, tomadas por una espiral de violencia que ya causó 134 muertos en 2017.

La decisión fue informada por el portavoz de Temer, Alexandre Parola, al tiempo que en la cárcel de Alcaçuz, en Natal, capital de Río Grande do Norte, se registraron nuevos choques entre bandas rivales por el control del penal, una escena que se repite en las principales prisiones del país.

“Eso parece la Colombia de los años 90, pero en l ugar de un Pablo Escobar tenemos unos 50”, comparó el secretario de Seguridad del pequeño estado de Rio Grande do Norte, Walber Virgolino.

“El presidente Temer considera la de los presidios una crisis nacional y las Fuerzas Armadas inspeccionarán dentro de las cárceles, a pedido de los gobernadores”, manifestó el portavoz presidencial, Parola.

“Esta operación con las Fuerzas Armadas apunta a restaurar la normalidad y los patrones básicos de seguridad. La crisis exige una acción extraordinaria del gobierno federal”, sostuvo Parola.

La crisis penitenciaria brasileña es considerada como la más letal del mundo en 2017: es que ya van 134 muertos en las dos primeras semanas del año, 36% más que el total registrado en 2016.

La primera aproximación es que las cárceles son el principal terreno de disputa del crimen organizado en Brasil y, sobre todo, el tráfico de drogas de países vecinos, como Colombia, Perú, Bolivia y Paraguay.

La situación no parece controlarse, con las grandes bandas criminales disputando poder en las cárceles para expandirlo, así, a la guerra en las calles, por el control del crimen organizado y sus dividendos, en medio de una suerte de ausencia del Estado representado por el gobierno de Michel Temer, cuyo ministro de Justicia y responsable del área, Alexandre de Moraes, tiene pedidos de renuncia por la oposición.

Decapitaciones de presos

Los 26 muertos dentro de la cárcel de Alcacuz, en Natal, estado de Río Grande do Norte, en el foco del país por tratarse de uno de los principales destinos turísticos en las vacaciones de enero, el sábado último, le dieron mayor dramatismo al conflicto entre bandas rivales. Al menos 16 de estos fallecidos fueron decapitados. Las cabezas rodaban por el patio que fue el principal lugar de disputa entre el PCC y el ‘Sindicato del Norte’.

El PCC domina el país. Su máximo jefe, Willians Camacho, alias ‘Marcola’, está en una prisión de máxima seguridad hace más de una década y convirtió a la organización en la más poderosa de Brasil, con control de tráfico de drogas proveniente de Perú, Colombia, Bolivia y Paraguay. Brasil es el principal consumidor de cocaína del país.

El PCC nació en 1993 tras la masacre de Carandirú, cuando 111 detenidos fueron asesinados por la Policía en Sao Paulo, un caso que aún está impune y puede considerarse el inicio de la organización de los presos de dentro y de fuera de los presidios. El gobierno de Sao Paulo, a cargo del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), aliado de Temer, negoció en 2006 con el PCC para detener la ola de violencia y envió a sus dirigentes a prisiones del resto del país. Esto generó, indirectamente, una nacionalización e internacionalización del PCC.

Según abogados que defendieron a presos identificados con esta facción, el PCC entrega canastas básicas de alimentos y ayuda a pagar la facultad de derecho a las familias de los presos que se adhieran a esa prisión. Y quienes salen deben pagar una contribución mensual producto de los robos y el tráfico de drogas.

El PCC, según datos de la Fiscalía, estima que hace 10 años tenía un ejército encarcelado de 10.000 prisioneros, ahora cuenta con más de 30.000 adeptos que levantan sus banderas.

Las masacres de presos que se dieron en el año, en Manaos, Roraima, Paraná, Sao Paulo, Río de Janeiro y Minas Gerais tuvieron que ver con la disputa de poder entre 12 bandas que se formaron en los presidios.

La población carcelaria de Brasil es la cuarta en el mundo, después de Estados Unidos, China y Rusia. Son 622.000 reclusos.  Después del PCC está el Comando Vermelho (Comando Rojo, CV), de Río de Janeiro, dos grupos que rompieron una alianza de años.

A esto se suma otro problema, que el 41% de los detenidos alojados en prisiones superpobladas no tiene sentencia. (I)

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