Martes, 18 Octubre 2016 00:00 Justicia

CorteIDH emitirá fallo en ejecución extrajudicial

Los representantes de las víctimas presentaron la demanda ante la Comisión Interamericana de DD.HH.
Los representantes de las víctimas presentaron la demanda ante la Comisión Interamericana de DD.HH. Foto: Carina Acosta / El Telégrafo

La audiencia pública sobre el caso ‘Genoveva y otros’ (Favela Nova Brasilia) se desarrolló en Quito.

Redacción Justicia

Tres casos de violaciones a los derechos humanos, registrados en Brasil, Perú y Nicaragua, se trataron en las audiencias públicas realizadas en la quincuagésima sexta sesión extraordinaria de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), celebrada en Quito, del 10 al 14 de octubre.

El primer caso de violencia policial llevado a la CorteIDH fue el de ‘Genoveva y otros (Favela Nova Brasilia) vs. Brasil’. La sentencia se conocerá en las próximas semanas.

Este tema tiene relación con presuntas ejecuciones extrajudiciales de 26 personas -incluidos seis menores de edad- mientras la Policía Civil de Río de Janeiro realizaba redadas en octubre de 1994 y mayo de 1995 en la favela Nova Brasilia.

Los operativos policiales ocurrieron el 18 de octubre de 1994 y el 8 de mayo de 1995 en dos favelas del Complexo do Alemao. Las autoridades judiciales de aquel entonces justificaron esas muertes mediante el levantamiento de “actas de resistencia al arresto”, según el relator Francisco Eguiguren Praeli.

Explicó que tres presuntas víctimas, dos de ellas menores de edad, fueron supuestamente torturadas y sufrieron actos de violencia sexual en un contexto y patrón de uso excesivo de la fuerza y ejecuciones extrajudiciales por la Policía.

Viviana Krsticevic, directora ejecutiva del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), señaló que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en su propio relatorio, establece los hechos y pide a la CorteIDH que estudie el caso y que dicte una sentencia vinculante para el Estado.

Las medidas de reparación para las víctimas deben ser individuales, y también generales, es decir, destinadas a romper los ciclos de violencia e impunidad, anotó Krsticevic.

“Este caso es histórico, porque es la primera vez que la CorteIDH va a tratar el tema de la violencia policial en Brasil, y se sentaría un precedente importante a un tema estructural, endémico, de vulneración de derechos de las personas que están en situación de vulnerabilidad que viven en las favelas”, dijo.

Beatriz Alfonso, directora de Cejil en Brasil, indicó que después de que la CorteIDH emita la sentencia, el Estado tiene la obligación de cumplir con la reparación integral: simbólica y pecuniaria para los familiares de las víctimas, políticas públicas, medidas legislativas, creación de espacios con la Fiscalía, Policía y Poder Judicial para que no se repitan estos hechos.

Los representantes y el Estado también expusieron ante el Tribunal sus alegatos finales orales sobre este caso.

El perito del Estado, Claude Jacques Chambriard, planteó su postura sobre  las políticas públicas de seguridad en el estado de Río de Janeiro,  la forma como ocurren las investigaciones de homicidios cuando se encuentran involucrados agentes policiales, y sobre los ‘autos de resistencia’ en la actualidad.

Caso trabajadores Petroperú

La causa se relaciona con la presunta violación del derecho a las garantías y protección judicial en perjuicio de 84 trabajadores de Petroperú, 39 servidores del Ministerio de Educación, 15 de la cartera  Economía y Finanzas y 25 de la Empresa Nacional de Puertos.

Hay la presunta falta de respuesta judicial adecuada y efectiva frente a sus ceses colectivos dentro de los procesos efectuados por las entidades públicas, a las cuales pertenecían en la década del 90.

Caso Acosta vs. Nicaragua

El tema trata de una presunta falta de investigación diligente y en un plazo razonable del asesinato de Francisco García Valle, esposo de la defensora de derechos humanos María Luisa Acosta, ocurrido el 8 de abril de 2002 en Nicaragua.

El Estado no habría investigado diligentemente a un autor material del asesinato ni el móvil, a pesar de la hipótesis de que el crimen pudo deberse a la actividad que realizaba Acosta en defensa de los derechos de los pueblos indígenas. (I)

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