Jueves, 26 Enero 2017 16:33 Justicia

46 policías son procesados por presunta tortura a personas privadas de libertad

La audiencia de formulación de cargos se desarrolló en el Complejo Judicial de Cuenca.
La audiencia de formulación de cargos se desarrolló en el Complejo Judicial de Cuenca. Foto: Cortesía
Redacción Web

La Fiscalía del Azuay formuló cargos contra 46 policías por supuesta tortura a un grupo de personas privadas de libertad (ppl), el 31 de mayo de 2016, en el Centro de Rehabilitación Social Turi, en Cuenca.

En la audiencia realizada este jueves, el juez Willian Sangolquí dispuso para los procesados la prohibición de salida del país y la presentación periódica una vez al mes ante la Unidad Judicial Penal de la capital azuaya. 

 El fiscal del caso, Adrián Arpi, explicó ante el juez que aquel día los procesados, entre ellos 4 oficiales de Policía, ejecutaron un operativo para buscar objetos prohibidos en el pabellón de mediana seguridad J.C. de dicho centro, donde las ppl habrían sido vejadas y maltratadas. "Sin que exista motivo alguno, a la fuerza y con golpes, las personas privadas de la libertad fueron sacadas de sus celdas; luego les pusieron boca abajo, les insultaron y fueron golpeados con los elementos de dotación, entre estos los toletes". 

 Mientras estaban acostados boca abajo, en fila, los policías habrían caminado sobre las ppl y pisado sus cabezas. Luego habrían sido obligados a desnudarse, ponerse en cuclillas y realizar sapitos, añadió el fiscal. También mencionó que los policías habrían observado sus partes íntimas, refiriéndose a que allí esconden los objetos prohibidos.

Arpi indicó que, según la versión de los agredidos, les echaron gas lacrimógeno y les aplicaron corriente.   

 Un informe pericial de audio y video fue presentado por la Fiscalía como elemento de convicción. Mediante esta pericia se realizó la extracción de las imágenes de las cámaras de seguridad ubicadas en el lugar de los hechos. En los videos se evidenciaría la agresión física y psicológica a las víctimas.

 Además fueron presentados los reconocimientos médicos legales, realizados por peritos de la Fiscalía, con los que se determinó que las víctimas sufrieron lesiones que les causaron incapacidad de 1 a 5 días.

 También fueron expuestas las versiones de las víctimas y del director del Centro de Rehabilitación Social, así como el listado entregado por la Policía en el que se detallan los nombres de los agentes que participaron en el operativo.

Este caso es investigado por el delito de tortura tipificado y sancionado en el artículo 151 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), con pena privativa de libertad de hasta 13 años. (I)

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Jueves, 26 Enero 2017 17:12

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