Jueves, 10 Noviembre 2016 00:00 Justicia

328 víctimas se acogen a programa de reparaciones

Pedro Restrepo  junto con su familia durante una concentración en el Centro Histórico de Quito.
Pedro Restrepo junto con su familia durante una concentración en el Centro Histórico de Quito. Foto: Archivo / El Telégrafo

La Defensoría del Pueblo cuenta con 300 expedientes, de los cuales 202 fueron remitidos al Ministerio de Justicia.

Redacción Justicia

La desaparición de Jorge Espinoza, de 58 años y sus 15 compañeros, duró 15 días, en 1987. Su familia desconocía su paradero. Los militares permanecieron ilegalmente detenidos 360 horas en los calabozos del Batallón de Ingeniería del Ejército, en Conocoto, Quito.  

Espinoza señaló que durante ese tiempo él y sus compañeros fueron golpeados y torturados por haber participado, el 16 de enero de 1987, en el secuestro del entonces presidente de la República, León Febres- Cordero, en la base aérea de Taura, en Guayaquil. En los documentos de la Comisión de la Verdad se identifica a este caso como ‘El Taurazo’.

Según se relata,  un grupo de militares que pertenecían al escuadrón Jaguar solicitaba la liberación de Frank Vargas Pazzos, general de las Fuerza Armadas (FF.AA.), quien había denunciado actos de corrupción en la institución y, como medida de presión, secuestraron al Mandatario.

Espinoza recuerda que durante su encierro le aplicaron electricidad en sus genitales y lo golpearon. Además señaló que el lugar donde permaneció era oscuro, pequeño y lleno de excrementos. “Pensé que en ese lugar moriría. Estaba enterrado bajo tierra en unas salas de tortura horribles”.

Según la Comisión, en este hecho se sistematizaron torturas como asfixia con funda de gas, golpizas con objetos, quemaduras con cigarrillos, cortes y trabajos forzados.

Los familiares de los militares desaparecidos acudían a las dependencias del Estado en su búsqueda. La esposa de Espinoza pedía información sobre su paradero, incluso acudió a Conocoto y los encargados del lugar negaron  su presencia.

Una huelga de hambre, protagonizada por los parientes de los desaparecidos, indujo al presidente del Tribunal Constitucional, René de la Torre, a iniciar una investigación para hallarlos. “Cuando se conoció que los soldados se encontraban en Conocoto, el Ejército nos trasladó a las instalaciones del Cuerpo de Ingenieros, al sur de Quito”. Mencionó que el Consejo de Guerra dispuso un año de detención para ellos. En el ámbito penal recibieron una pena de 16 años. “Permanecimos un año en la prisión militar y luego nos trasladaron al penal García Moreno”.

Espinoza cumplió un año de sentencia en el expenal, tiempo durante el cual vivió con su hijo porque no tenía recursos para alimentar a su familia. Recuperó su libertad en el gobierno de Rodrigo Borja.

Después de 29 años, el excomando siente las consecuencias de la tortura: tiene permanentes dolores de cabeza, piernas y espalda.

En 2007 denunció su caso en la Comisión de la Verdad y ahora espera que la Fiscalía lo judicialice y lleve a los responsables a juicio.

Defensoría impulsa reparaciones materiales e inmateriales

Desde hace un año, el caso de Espinoza es parte del Programa de Reparación de Víctimas, que impulsa la Defensoría del Pueblo. En este espacio se acoge a áreas de asesoramiento legal y médico.

Yolanda Galarza, directora del programa, explicó que aquí se vela por la reparación material e inmaterial de los  afectados en casos de violaciones de Derechos Humanos y ejecuciones extrajudiciales, ocurridos entre 1988 y 2008. El 13 de noviembre de 2015 se reguló el procedimiento para el Programa de Reparación por vía administrativa para las víctimas de violaciones de los derechos humanos documentadas por la Comisión de la Verdad. La reparación inmaterial está a cargo de la Defensoría del Pueblo y la material del Ministerio de Justicia.  

Galarza informó que 328 personas, entre víctimas directas e indirectas, se acogen al programa de reparación, de un total de 456 casos registrados por la Comisión de la Verdad.

Indicó que la Defensoría del Pueblo presta atención en áreas de salud física, psicológica, vivienda, laboral, médica y educativa. “Las víctimas deben presentar una solicitud para ingresar al programa, el cual es voluntario”.

Ramiro Rivadeneira, exdefensor del Pueblo, manifestó que el programa cuenta con 300 expedientes, de los cuales 202 fueron enviados al Ministerio de Justicia para la reparación material. “De los 202 expedientes, 60 son analizados y 45 estarían listos para la firma del acuerdo de reparación material”.

Los temas de salud, justicia y disculpas públicas son los más solicitados. La Defensoría es un canalizador con otras instituciones del Estado para reconocer las peticiones de quienes fueron violentados en sus derechos y que constan en el informe de la Comisión.

Elsie Monge, exmiembro de la Comisión de la Verdad, indicó que la reparación de víctimas abre el camino para que los casos no queden  en el olvido y en la impunidad.

Susana Cajas, miembro de la Mesa Nacional de Víctimas, dijo que el programa de reparación debería acoger a las personas que fueron vulneradas en sus derechos, aunque no consten en el informe de la Comisión de la Verdad.  (I)      

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