Miércoles, 04 Octubre 2017 00:00 Justicia

Se prevé que el encuentro dure alrededor de 8 días porque hay cerca de 150 declarantes

150 testigos llamados a audiencia de juicio por delincuencia organizada

Carlos P. Y. quien la víspera fue trasladado a la cárcel de Latacunga, estuvo presente ayer en la audiencia.
Carlos P. Y. quien la víspera fue trasladado a la cárcel de Latacunga, estuvo presente ayer en la audiencia. Foto: Álvaro Pérez / EL TELÉGRAFO

Los tres exaltos funcionarios de Petroecuador, Carlos P. Y., Marco C., y Diego T. son los procesados en un delito que se habría cometido entre el 2011 y 2015.

Redacción Justicia

La audiencia de juicio por el presunto delito de delincuencia organizada en el caso de corrupción de Petroecuador se desarrolla desde ayer en el Complejo Judicial Norte, en Quito, con la presencia de los 3 procesados: Carlos P.Y., Marco C., y Diego T.

En esta diligencia, que se ha previsto dure alrededor de 8 días, en los que se deberán evacuar las versiones de aproximadamente 150 testigos, fue convocado en calidad de testigo el exgerente de Petroecuador Álex B. quien ya fue sentenciado a través del procedimiento abreviado, mientras que para el caso de Arturo E. el juicio se suspendió porque aún se mantiene como prófugo.

A esta cita, que fue convocada para las 10:30, llegaron puntuales, esposados y bajo estrictas medidas de seguridad los 3 exgerentes de la estatal petrolera: Carlos P.Y., Marco C. y Álex B., así como el exgerente de Refinación de Petroecuador, Diego T., con sus respectivos abogados defensores. Los 4 se encuentran detenidos en centros de rehabilitación distintos.

El tribunal penal integrado por los jueces Silvana Velasco, en calidad de ponente, Marcelo Narváez y Galo Rumiguano, no pudo instalar la audiencia a las 10:30, debido a que al momento de constatar la presencia de las partes procesales y de los testigos, fue cuestionada la asistencia de Álex. B. como testigo porque ya está sentenciado y además se reprochó el anuncio de la máxima autoridad de Petroecuador de retirarse de la reunión.

Los abogados Nicolás Salas y Pablo Encalada, defensores de Marco C. indicaron que en caso de que abandone la sala el titular de la estatal petrolera, se correría el riesgo de que se solicite la nulidad del proceso, porque es acusador particular.

Esto motivó a que los jueces hagan un alto y luego de deliberar y superar el inconveniente, a las 12:15, se instaló la junta y la jueza dio paso a los alegatos de apertura.

El fiscal José Maldonado indicó que luego de la instrucción fiscal ha determinado como tesis, que los 4 exfuncionarios de Petroecuador crearon una estructura y aprovechándose de los cargos realizaron y otorgaron contratos para beneficiarse económicamente.

Precisó que de acuerdo con las indagaciones, el delito se habría cometido entre el 20 de marzo de 2011 y el 20 de julio de 2015.

Tesis que fue respaldada por Álex Velasco, abogado de Petroecuador, quien aseguró que en este juicio se va determinar que los 3 procesados cometieron el delito en circunstancias en que se realizaba la repotenciación de la refinería de Esmeraldas, con una inversión de más de $ 2.000 millones.

Gloria Martínez, delegada de la Procuraduría General del Estado, se sumó a la posición de la Fiscalía y de la estatal petrolera.

En su alegato de apertura, Pablo Encalada, defensor de Marco C., reiteró que el dinero encontrado en el tumbado y en una copiadora durante el allanamiento investigativo de la Fiscalía, no fue en la casa de su defendido sino de otro procesado.

Sobre esto emplazó al fiscal a que demuestre lo contrario y denunció que se le oculta información, particularmente el informe de la asistencia internacional de Panamá que llegó la semana pasada a la Fiscalía, en donde se prueba que Marco C. no es dueño de ninguna empresa.

A su vez, Édgar Molina, defensor de Diego T., dijo que el dinero encontrado, era producto de un negocio de su cliente y fustigó el hecho de que entre los procesados no estén los contratistas que supuestamente pagaron coimas.

Reinaldo Zambrano, defensor de Carlos P. Y., fustigó que a su cliente lo traten como delincuente cuando el proceso recién inicia, además que nunca ha formado parte de organización delictiva alguna. (I)

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