Jueves, 06 Octubre 2016 10:52 Política

La Asambleísta Pamela Falconí es la mentora de la iniciativa

Pamela Falconí: "Es una ley básicamente hecha a traje para las empresas de medicina prepagada"

Asambleísta Pamela Falconí, Comisión
Asambleísta Pamela Falconí, Comisión FOTO: Tomada de Flickr

El proyecto de ley contempla la regulación a las compañías que financien servicios de atención integral de salud prepagada y a las de seguro que oferten cobertura de seguros de asistencia médica.

Redacción Web

Esta mañana durante una entrevista en un canal de televisión, la Asambleísta por los Ríos, Pamela Falconí, aclaró la desinformación que se teje en torno a la transitoria quinta contemplada en la Ley de Incentivos Tributarios.

La funcionaria, quien lideró la propuesta, señaló que el informe se envió a la Asamblea Nacional y que es parte de la discusión de la ley, que hoy fue aprobada y allanó al veto del Ejecutivo.

Ella advirtió que de los 420 mil afiliados q tiene el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) y que están siendo parte de medicinas prepagada ya tienen contratados seguros privados. Sin embargo advirtió que de esta cifra, 112 mil se atendieron en el IESS o en prestadores externos.

Explicó además que de una cobertura del 100%, lo que le costó al IESS fueron $71 millones "lo que equivaldría a la construcción del hospital de Manta que se está haciendo en este momento de 200 camas, con 4 quirófanos, con terapia intensiva, cuidados neonatales y cardiología".

Esta información es una aclaración a lo vertido por Roberto Aspiazu, presidente ejecutivo del Comité Empresarial, quien considera que esta transitoria es un mecanismo para financiar al IESS de un escenario de un definanciamiento de cualquier tipo de institución.

La asambleísta señala que la ley vigente, de 1998, "es una ley básicamente hecha a traje para las empresas de medicinas pagadas, donde se han evidenciado abusos para los usuarios y donde los 14 puntos del veto aclaran y alinean las compteencia tantos de la superintendencia de compañias valores y seguros, como el Ministerio de Salud Pública, para que se a una ley eficaz que proteja al usuario de medicina prepagada".

De acuerdo a las declaraciones de Roberto Aspiazu, presidente ejecutivo del Comité Empresarial el proyecto inicial no incluía la disposición de la transitoria 5ta que ha incluido el veto parcial del presidente de la República. Además, aseguró en una entrevista que esta transitoria no se habría discutido en la Asamble Nacional y manifestó que "llama la atención que se la haya incluido", porque considera que "es un mecanismo para financiar al IESS de un escenario de un definanciamiento de cualquier tipo de institución" y piensa " que por esa vía va a poder resarcirse de decenas de millones de dólares, pero el costo de eso significa colocar a las empresas de medicina prepagada en una situación sumamente precaria ".

Falconí indicó que Aspiazu hace referencia al numeral #4 en un cuadro que presentó en un medio de comunicación, donde se habló de ingresos prestacionales por ejemplo, empresas como salud medicina prepagada tuvo ingresos prestacionales por más 149 millones de dólares con gastos prestacionales por 88 mil millones.

"Aquí no estamos hablando de utilidades netas, esta la gran confusión que se están haciendo las empresas de medicina prepagada. Esto sí se debatió en el Congreso Nacional y está la determinación del cruce de cuentas. Cuando un afiliado de medicina prepagada se atiende tanto en el IESS como en la red pública, estas empresas deben pagar los costos como honorarios profesionales, como está estipulado en un tarifario básico, de lo que yo ya pagué como usuario de medicina prepagada tanto al IESS como a la salud pública.", explicó.

En relación a las cifras que investigó el IESS donde se asegura que estas empresas de medicina prepagada, en 2014, tuvieron utilidades por $221 millones, el gremio advirtió que esa cifrada estaba errada y que en realidad fueron 12 millones, una arista en la que se basan para no asumir el costo que se les impone.

Falconó dijo que se han revisado las cifras en el bloque, junto a  delegados del IESS, del SRI, y del Ministerio de Salud Pública y coincidieron en que son exactas "como hemos dicho el informe jamás habla de utilidades netas, están claramente establecidos los montos que se hacen entre gastos prestacionales, ingresos prestacionales y las utilidades que han generado estas empresas", señaló.

Con un ejemplo, la funcionaria aseguró que existe un cruce de cuentas, tal cual como se lo ha venido haciendo. Y precisió que que cuando el hospital público le compre servicios a las clínicas privadas o cuando el público le compra sin fines de lucro la atención como a Solca o a la Junta de Beneficencia "hay un cruce de cuentas, tiene que pagarse, igual sucede cuando el IESS paga o compra a clínicas particulares o también a la red público hay cruces de cuentas. Aquí hay un sistema complementario que es el determinado de medicina prepagada y que es parte de un sistema nacional de salud y así debe entenderse", aclaró.

Sobre la versión de Aspiazu de que esta transitoria sería un mecanismo para procurar financiar al IESS en un escenario de desfinanciamiento de la institución, Falconí aclaró que es una falsedad.

"Nosotros cuando somos afialidos al Seguro Social obligatorio, se presentan 9 tipos de contingencia en el cual está enfermedad, vejez, cesantía, de trabajo, y todas las prestaciones que tiene el IESS, una parte es la que corresponde a enfermedad. Aquí no hay ningún desfinanciamiento", advirtió.

Señaló que el IESS está solido porque se lo puede contemplar en sus cifras. Dijo que los empleados o trabajadores que tienen contratados seguros médicos van a tener la capacidad de deducir el 100% del impuesto a la renta.

Con un ejemplo, la asambleísta comunicó a los usuarios de medicina prepagada que "si yo en este momento me voy a atender a una clínica particular tengo que pagar un costo, un deducible un copago, en la ley se establece que este costo de su pago será asumido por la red pública o por el IESS".

Finalmente aseguró que cuando han existido casos como, por ejemplo, de un accidente de tránsito y las personas son atendidas por una red publica de salud, se verifican datos que se cruza con el INEC, el SRI y con otras instituciones del Estado.

"Si este ciudadano que es llevado a la red pública tiene un medicina prepagada, esta medicina prepagada tiene que devolver al Estado lo que ha gastado y lo que que se ha utilizado, porque es una cobertura específica, esto del cruce de cuenta y la orden de apelación de pago ha sido una discusión constante con la Comision de Derechos de la Salud, y en el pleno de la Asamblea Nacional", detalló Pamela Falconí. (I)

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