Viernes, 14 Octubre 2016 00:00 Política

Los militares y policías retirados podrán percibir hasta $ 2.013

Los aportes al Issfa bajan al 11, 45%

El general (r) Wagner Bravo, vocal alterno del Issfa, dijo que interpondrán un recurso de inconstitucionalidad.
El general (r) Wagner Bravo, vocal alterno del Issfa, dijo que interpondrán un recurso de inconstitucionalidad. Foto: Mario Egas / El Telégrafo

Con 89 votos a favor y 31 en contra, la Asamblea Nacional aprobó el proyecto enviado por el Ejecutivo.

Redacción Política

El debate, que se inició pasadas las 09:00, contó con la participación de 19 asambleístas que opinaron sobre el contenido de la normativa, como Ramiro Aguilar, quien indicó que le preocupa la manera en que se incorporó a la ley el pago de un seguro de vida de $ 50 mil sin distinción de rango. “¿De dónde vendrán esos fondos?”, se preguntó.

Además, cuestionó que se bajara el aporte de los miembros de las FF.AA. del 23% al 11,45%, así como del Estado, que se reduce del 26% al 9%, lo cual, según el legislador, afectará las prestaciones a las que quieran acceder militares y policías.

Estas aseveraciones encendieron el debate, ya que Aguilar cuestionó a la asambleísta Betty Carrillo indicando que defiende la incorporación del aumento del pago en el seguro de vida “como si fuera una vendedora de seguros”.

Carrillo inmediatamente replicó la aseveración del colega, quien optó por salir momentáneamente del pleno, pero regresó cuando intervenía la legisladora, a quien le hizo señas abriendo los brazos de manera desafiante, frente a lo cual Carrillo contestó: “te veo...cretino mamarracho”.

Pasado el incidente, la asambleísta María Augusta Calle precisó que estaban legislando en función de principios, “sabiendo que tenemos una Constitución que garantiza los derechos, entre ellos, tener un régimen especial de seguridad social. Estamos mejorando ese sistema para que sea de todos y no de una cúpula”. En su turno, el asambleísta Virgilio Hernández dijo que la reforma contenía 3 principios fundamentales que garantizan la igualdad porque no pueden existir “odiosas diferencias” y que por eso debe darse cierta racionalidad económica y devolverse sustentabilidad a los organismos, pues resaltó que es imposible que con el sistema actual se mantenga en el tiempo.

Hernández manifestó que uno de los objetivos es lograr la equidad en las Fuerzas Amadas y la Policía Nacional, por lo que también se crea un techo para las pensiones jubilares, igual al existente en la seguridad social civil, que es equivalente a $ 2.013. “Con estas modificaciones se mantienen los montos de las pensiones que reciben actualmente los militares y policías en servicio pasivo”, indicó.

Confirmó que quienes ahora tienen altas pensiones las van a seguir manteniendo ya que “la ley aplicará para quienes entren al régimen después de que se apruebe”.

La normativa, al bajar el aporte personal de los miembros, permite que la masa salarial de militares y policías en todos los rangos se incremente en la misma proporción.
Además, los jubilados que reciben pensión inferior al techo de los $ 2.013, tendrán un aumento anual de acuerdo al índice inflacionario  hasta que lleguen al monto citado.

Así mismo, el asambleísta Fausto Cayambe señaló que una de las finalidades de la ley es acortar las brechas de desigualdad en las fuerzas públicas y renovar las entidades, “porque todos sabemos que en el caso del Issfa existe déficit actuarial de $ 2.000 millones, y en el caso del Isspol, a pesar de que se tomaron mejores decisiones, es de $ 300 millones, que de seguir así además se podría llegar a un déficit financiero y quebrarían las instituciones”.

Cayambe enfatizó que con la reforma, a partir del 2023 ya no solo se equilibrarán las cuentas de las entidades de seguridad social de militares y policías, sino que el Estado empezará a ahorrar en el subsidio $ 300 millones. De allí que resaltó: “Lo que estamos haciendo no es para ahora sino para el futuro, sin perjudicar a nadie”.

La normativa aprobada ayer incluye un beneficio adicional para los nuevos ingresos a partir de la vigencia de la ley, que consiste en el pago de 5 salarios básicos unificados por cada año de servicio cuando se retire, a partir del quinto año y hasta un máximo de 150 SBU, es decir $ 53 mil si se calcula con el salario básico unificado actual.  

La norma no es retroactiva y aplicará únicamente para los nuevos miembros; sin embargo, quienes estén en los 2 primeros grados o tengan menos de 10 años de servicio  podrán escoger voluntariamente si se quedan con el sistema antiguo o se acogen al nuevo. (I)     

DATOS

La Constitución señala en el artículo 367 que el sistema de seguridad social es público, además la protección se hará a través del seguro universal obligatorio y de sus regímenes especiales.  

El Ejecutivo envió a la Asamblea el proyecto de reformas a la seguridad social de policías y militares el 18 de julio pasado, de cuya revisión se encargó la Comisión de Derechos de los Trabajadores.   

La Comisión recibió a más de 20 representantes de las fuerzas públicas, de asociaciones de jubilados, de oficiales, tropa y expertos para discutir el texto de la ley.

Una vez aprobada la reforma será remitida a la Presidencia de la República para que sancione  la ley, y de no existir observaciones se devolverá a la Asamblea para su promulgación. (I)

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