Sábado, 07 Octubre 2017 00:00 Política

El presidente de la asamblea José serrano ha tratado de mediar en los conflictos internos

El movimiento Alianza PAIS vive su peor momento político

Oficialistas. La bancada de Alianza PAIS (AP) en una de las tres reuniones que ha mantenido con el presidente Lenín Moreno, en el Palacio de Carondelet.
Oficialistas. La bancada de Alianza PAIS (AP) en una de las tres reuniones que ha mantenido con el presidente Lenín Moreno, en el Palacio de Carondelet. Foto: Miguel Jiménez / EL TELÉGRAFO

El bloque legislativo intentó varias reuniones para analizar el caso de Jorge G. La oposición pedirá firmas de una parte de la organización para un juicio.

Redacción Política

Alianza PAIS atraviesa por un momento crítico. Tiene a su segundo líder histórico y vicepresidente de la República, Jorge G., detenido por el caso de corrupción en Odebrecht. La bancada legislativa está dividida, según dijeron a este Diario legisladores del movimiento.

La mayoría parlamentaria está enfrentada por la consulta y el pedido de juicio político contra el Segundo mandatario, que reactivó a la oposición esta semana.

En la Asamblea hay tres grupos que conviven bajo el paraguas de PAIS: en el primero están 35 asambleístas devotos del expresidente Rafael Correa. Otros se alinean con Lenín Moreno (21 parlamentarios); pero también están los indecisos, que son 18, que no se pronuncian públicamente.

Los correístas no aceptan que en la consulta se pregunte sobre la eliminación o no de la reelección indefinida; para ellos eso significa poner fin a una nueva candidatura del expresidente. Tampoco están de acuerdo con otra pregunta sobre cesar o no a los siete consejeros del Consejo de Participación Ciudadana. En cambio, los ‘morenistas’ apoyan al Presidente y a todas las preguntas de la consulta.

Los correístas tampoco quieren oír nada sobre la interpelación al Vicepresidente. Ellos creen que la justicia debe seguir el proceso.

Para Mauricio Proaño, de Alianza PAIS, la bancada se pronunciará cuando termine el trabajo de la justicia. “El tema es de derechos humanos, nadie puede dañar  a una persona. Hay presunción de inocencia y ese principio es el que defendemos”, subrayó a este Diario.

Lo mismo señaló Jorge Corozo, aliado de Pachakutik-Chimborazo. “Es un tema complejo, hay una instrucción fiscal en curso y eso debe tratarse con responsabilidad. Hay que dejar actuar  a la justicia, después tomaré una posición”, agregó.

José Serrano, presidente de la Asamblea, ha tratado de apaciguar los ánimos entre ambas facciones para llegar a algunos acuerdos.  Sin embargo, la bancada no respondió.

El sábado pasado, durante la conmemoración de los ocho años de la Constitución de Montecristi, él pidió al Segundo Mandatario que diera un paso al costado porque la situación era insostenible. Ese anuncio fue mal recibido por el ala correísta. También, la semana pasada, convocó al bloque a cinco sesiones: una el domingo que solo tuvo 10 asistentes, según legisladores que concurrieron; otra el lunes por la mañana y por la tarde; y otra el martes y el miércoles.

El juicio político al Vicepresidente será planteado por la oposición la próxima semana.

Según los opositores, es una “vergüenza tener un Vicepresidente detenido por corrupción, sin funciones y de vacaciones”, señaló a este Diario Esteban Bernal (CREO).

“En otro país el Segundo Mandatario ya habría sido destituido. Recogeremos firmas de curul en curul para ver quién está con el país o con el proyecto personalista de un Vicepresidente acusado de corrupción”, subrayó el legislador.

Según analistas, el movimiento tiene dos caminos: el primero, boicotear ese control político; y el segundo, sumarse a él.

César Ulloa, politólogo y docente de la Universidad de las Américas (UDLA), sostuvo que no es un tema de correístas o ‘morenistas’, sino de salvaguardar la identidad de cada político.

Según él, los legisladores nuevos de PAIS no quieren contaminarse por las denuncias contra el Segundo Mandatario. Los otros, exasambleístas o gobernadores, alcaldes, son más orgánicos y cierran filas “a un proceso que les benefició en cargos y salarios. El tema se resuelve por conveniencia personal”, recalcó.

Pero el juicio tiene un camino largo por recorrer. Debe ser calificado por el Consejo de Administración Legislativa (CAL) y aprobado o no por la Corte Constitucional. Allí, de los nueve jueces, siete son “afines al correísmo”, afirma la oposición. (I)

*Haga click en la imagen para agrandarla

ENLACE CORTO