Jueves, 15 Diciembre 2016 00:00 Política

Entrevista / alexis sánchez miño / secretario nacional del agua

"El déficit de lluvias no va a generar una crisis verdadera"

"El déficit de lluvias no va a generar una crisis verdadera"
Foto: Carina Acosta / El Telegrafo

Las previsiones meteorológicas dicen que, aunque los niveles de precipitaciones serán menores que en otros años, lloverá entre fines de 2016 e inicios de 2017.

Redacción Ciudadanía

El titular de la Secretaría Nacional del Agua (Senagua), Alexis Sánchez Miño, resalta que las obras ejecutadas por el Gobierno para el control de inundaciones y manejo del agua han paliado los efectos del déficit de precipitaciones que vive el país.

El funcionario señala que, más allá de la infraestructura que se pueda construir, lo importante es el establecimiento de una cultura de adecuado manejo del recurso.

¿Cuán grave es la sequía que vive el país?

Lo que estamos sufriendo ahora es un déficit hídrico. Esto significa una reducción de caudales, antes que nada, por falta de lluvias. Es un déficit climatológico. Una sequía es la recurrencia de déficit hídrico de, al menos, tres años.

Hemos revisado las predicciones meteorológicas y climatológicas, y lo que vamos a tener es menos lluvia, pero va a llover. Eso significa que no vamos a tener un período de crisis verdadera, que podría degenerar en la toma de medidas radicales, por así decirlo.

¿Qué medidas se han adoptado para afrontar el déficit?

Se conformó una mesa técnica de respuesta a la que convocamos al Ministerio del Ambiente, de Agricultura, los gobiernos locales y nos hemos distribuido una serie de tareas. Y entre otras cosas monitorizamos los cauces, pues, ante la falta de agua, grandes usuarios (algunos incluso ilegales)  de manera arbitraria taponan los cauces naturales, de manera que se embalse el líquido y puedan tenerlo ellos; impidiendo el acceso al recurso aguas abajo. Y cuando detectamos estos taponamientos, habilitamos el cauce e iniciamos los procesos legales que corresponden.

¿Cómo se realiza el monitoreo?

La gente es la clave. Los propios campesinos que sienten la falta de agua cauce abajo reportan lo que está sucediendo. Hemos encontrado muchos ‘tapes’ (como los llaman en la Costa) y en la medida que siga faltando la lluvia, seguramente aparecerán muchos más. Queremos ser drásticos en la aplicación de la ley.

¿Qué sanciones contempla la ley?

Son bastante fuertes. Pueden estar entre 150 y 400 salarios básicos unificados (entre $ 54.900 y $ 146.400 actualmente). Y, obviamente, procesos legales que podrían derivar en el retiro de la autorización para el uso. Pero lo que más nos interesa es que vayamos generando una conciencia ciudadana responsable, que sepamos que el agua es un bien estratégico que nos pertenece a todos, pero que no es infinito.

¿Cuánto han incidido las obras de control de inundaciones y del agua ejecutadas?

Lo que venimos haciendo en la Secretaría del Agua, la construcción de la megainfraestructura, los 6 (proyectos) multipropósito han minimizado los efectos de este déficit hídrico. Lo estamos sintiendo, claro, porque hay una reducción de caudales; pero de ninguna forma con los efectos y consecuencias que vemos en los países vecinos. Lo cual sugiere que estamos en el camino correcto.

¿Cuánto se ha invertido aproximadamente en esas obras?

La inversión en los 6 proyectos multipropósito construidos asciende a unos $ 1.200 millones. Y hoy se construye el proyecto complementario Fase I, con una primera parte de $ 112 millones.

¿Por qué seguimos sintiendo el déficit, entonces?

Pues porque hay que construir   más infraestructuras. Nuestro plan nacional de recursos hídricos prevé la construcción de más de 170 proyectos en los próximos 30, 40 años. Lo cual sugiere una inversión muy grande que habrá que priorizarla.

¿De ese modo se asegurará  la provisión de agua?

Hay que tomar medidas, pero estas no pueden ni deben venir solamente de parte del Gobierno Nacional o de la Secretaría. Las medidas deben orientarse a un cambio cultural; debemos reducir el consumo de agua. Y no me refiero únicamente al consumo humano, donde hay gran desperdicio, pues alrededor del 60% del agua potable se pierde como agua no contabilizada (no se cobra, al menos).

Todavía continuamos inundando terrenos en buena parte del país para regar, cuando el riego por inundación es obsoleto en muchas partes del mundo.

Deberíamos usar riego tecnificado, por goteo, por aspersión. Quienes demandan por falta de agua son en parte responsables de esa carencia, porque seguimos usando técnicas tradicionales, del siglo pasado, en el agro. Todavía tenemos muchos canales que no están revestidos; es decir, que son acequias, con gran infiltración.

¿Qué elementos se necesitan para evitar situaciones como esta?

Nuestra visión como Secretaría del Agua es que, para abordar una gestión integral del recurso hídrico, debemos modelar tres aristas fundamentales.

La primera es una política pública adecuada. Nosotros tenemos una visión muy ambiciosa, muy visionaria, futurista (Ley de Recursos Hídricos).

Paralelamente se requiere la infraestructura necesaria para responder estratégicamente a los cambios que plantea el cambio climático. Regular el agua que vamos a tener en exceso cuando llueva, para luego utilizarla cuando haya estiaje; y para eso sirven los megaproyectos ejecutados, precisamente.

Pero la tercera arista clave es la construcción de una ciudadanía responsable; un cambio en la cultura del agua.

¿Cuáles son los niveles de uso y desperdicio de agua en el país?

En condiciones normales, dadas las características de nuestros sistemas de agua potable y saneamiento en América Latina, el índice de agua no contabilizada normal, admisible, es 30%. Aquí tenemos el doble de eso.

En términos monetarios, eso significa que como país perdemos unos $ 120 millones anuales en agua no contabilizada.

¿Cuál es la responsabilidad de los gobiernos locales en esto?

El índice de agua no contabilizada tiene que ver con cuatro factores:  pérdidas físicas (fugas, roturas, desbordes en reservas), pérdidas operacionales (agua usada en el propio proceso de potabilización, para procesos de limpieza, para incendios), pérdidas comerciales (agua que se distribuye, pero no se mide, no se cobra) y pérdidas administrativas (ineficiencia del operador del servicio).

Hay municipios eficientes que frente al promedio nacional de pérdidas del 60% están en el 28%, 30%, 31%, 32%, como Quito, Cuenca, Ambato.

También en varios cabildos las pérdidas superan el 80%.

¿Qué ocurre con el agua cruda, para riego y usos similares?

En ese ámbito nosotros podríamos reducir hasta tres veces el agua que utilizamos para el agro, pero seguimos -como dije antes- con muchos canales no revestidos, seguimos regando por inundación, incluso en zonas donde la distribución del agua es costosa porque llega por bombeo. (I)

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