Jueves, 02 Febrero 2017 00:00 Política

La fiscalía lleva adelante un proceso penal por presunto uso fraudulento de información protegida

Correos reservados se vendieron a Chevron

Durante la audiencia preparatoria de juicio, los abogados de los implicados señalaron que la información difundida no era reservada.
Durante la audiencia preparatoria de juicio, los abogados de los implicados señalaron que la información difundida no era reservada. Foto: Archivo / EL TELÉGRAFO

Los mensajes filtrados provenían de la Procuraduría y la Presidencia. El exlegislador Cléver J. y su asesor Fernando V. divulgaron la información.

Redacción Política

Las comunicaciones que envió el procurador del Estado, Diego García, vía correo electrónico y en calidad de reservadas al secretario jurídico de la Presidencia, Alexis Mera, y al mandatario Rafael Correa por el caso Chevron fueron filtradas.

En agosto de 2013, una exempleada de la Embajada del Ecuador en Washington (EE.UU.) habría accedido a información relacionada con los procesos judiciales contra la transnacional por el daño ambiental ocasionado.

La revelación se hizo durante la investigación que lleva adelante la Fiscalía en contra del exasambleísta Cléver J. y su exasesor Fernando V.,  quienes son sindicados por difundir los correos electrónicos con información protegida de la Presidencia.

El proceso  pasó hace poco a la sala de sorteos de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), para fijar fecha para la audiencia de juicio.

El fiscal general, Galo Chiriboga, indicó que Margaret L. Petito, exfuncionaria de Asuntos Públicos de la Embajada del Ecuador, entre 1994 y 1996 (Gobierno de Sixto Durán-Ballén), intentó negociar con el consorcio de abogados Gibson Dunn la divulgación de esos correos electrónicos confidenciales.

Esta corporación jurídica patrocinó a Chevron en el caso denominado RICO (juicio de la compañía estadounidense contra  30.000 indígenas de la Amazonía ecuatoriana afectados por la contaminación ambiental, en el que se los procesa por delincuencia organizada), instaurado en la Corte de Nueva York.

Allí, el juez Lewis A. Kaplan dictaminó la suspensión de la sentencia ecuatoriana que obliga a la petrolera a pagar $ 9.500 millones como indemnización. Este proceso sigue en apelación internacional.

Petito -según un blog escrito por Ted Folkman, creador de la web de ‘Asistencia jurídica internacional’- fue titular de una corporación llamada ‘Amigos del Estado de Derecho en Ecuador Inc.’, que aparentemente fue revocada por el Distrito de Columbia (EE.UU.). Además figura como fundadora de varias organizaciones no gubernamentales.

Folkman cita que Petito trabajó para la Embajada de Ecuador en Washington DC “antes del gobierno del presidente (Rafael) Correa y presentó un comentario oponiéndose a la renovación de la Ley de Preferencias Arancelarias Andinas y Erradicación de la Droga (Atpdea, por sus siglas en inglés) en una carta que envió al exmandatario estadounidense, Barack Obama.

En la misiva, Petito señaló que se ha concedido el beneficio arancelario a Ecuador pese a que “el indicador fáctico, tal como lo exige la legislación estadounidense, revela que no califica. ¿Por qué continuar la vergonzosa recompensa de esta falsa quimera con dinero de Estados Unidos? (...)  Además aprovecharon su propio apoyo senatorial y personal para el escandaloso fraude (juicio ante la justicia ecuatoriana) contra Chevron”.

Sin embargo, no hay certeza de cómo llegaron los mails a poder de Petito. Por este motivo, el juez Kaplan no autorizó la entrega de esos correos para uso de Chevron en el  referido caso RICO, por cuanto los catalogó como “documentos privilegiados y confidenciales”.

Difusión fraudulenta

En Ecuador, el pasado 27 de octubre, en la audiencia de llamado a juicio, el fiscal general, Galo Chiriboga, argumentó que ese mismo contenido “fue difundido por Cléver J. en el boletín de prensa titulado: ‘Abogados de Chevron asesoran a Gobierno en defensa internacional’.

En ese boletín se adjuntaron dos archivos: uno de ellos corresponde al memorando de 23 de julio de 2013, remitido por la firma Foley Hoag al Procurador General del Estado con el epígrafe: Privilegiado y Confidencial. Comunicación Abogado-Cliente, que contiene un análisis respecto a la estrategia del Estado frente al caso RICO.

Chiriboga dijo que con la difusión fraudulenta de información  “favorecieron intereses de Chevron,  causando daño al Estado ecuatoriano, aún más considerando que Cléver J., en ese entonces, era asambleísta”.

Chiriboga señaló que el 3 de octubre de 2013, en el artículo: “Expediente Chevron”, publicado en la Revista digital Plan V, de autoría de Fernando V., se difundió “información protegida, contenida en correos electrónicos enviados por el Procurador General del Estado al Secretario Jurídico de la Presidencia y al Presidente de la República”.

Fiscales que investigaron el caso indicaron a EL TELÉGRAFO que se comprobó que la información contenida en los correos privados, usados por el implicado para redactar el  reportaje, se refería a un caso laboral de Chevron en Birmania de 2009, que nada tenía que ver con Ecuador. Aún así, Fernando V. los utilizó como información de 2013,  pese a que el hecho fue aclarado con anterioridad por las autoridades.

Por este motivo, Cléver J. y Fernando V., están acusados de divulgación o utilización fraudulenta de la información protegida, tipificada en el primer artículo innumerado, agregado a continuación del artículo 202, inciso 3, del anterior Código Penal. Actualmente está tipificado en el artículo 178 del Código Orgánico Integral Penal e implica una pena de prisión de 1 a 3 años.

Cléver J. dijo a EL TELÉGRAFO que no divulgó nada. “Primero inició la investigación por un supuesto hackeo que no pudieron demostrar, por eso cambiaron el tipo delictivo. Esos correos llegaron a la computadora que incautaron de mi oficina. La información fue enviada por funcionarios de la Presidencia que no conozco”, aseguró. (I)

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La sentencia incluía indemnización

Los implicados fugaron para no cumplir la pena

El 13 de abril de 2013, Cléver J. y Fernando V. fueron sentenciados a 18 meses de prisión, mientras que Carlos F. a seis meses. Además, al pago de $ 140.000 como indemnización al presidente, Rafael Correa, y la presentación de disculpas públicas, por el delito de injurias por una denuncia maliciosa y temeraria.

Los tres políticos presentaron una denuncia contra el Presidente por supuestamente haber ordenado una incursión armada al Hospital de la Policía Nacional durante la revuelta del 30 de septiembre del 2010.

La demanda fue rechazada por la Corte Nacional de Justicia (CNJ) y el Mandatario los contrademandó por injurias, lo cual motivó que la jueza de la CNJ, Lucy Blacio, fallara a favor de Correa.

La sentencia fue emitida luego de que los procesados presentaron recursos de nulidad y apelación a la decisión de la jueza Blacio. Negados esos recursos, la sentencia se mantuvo y los imputados presentaron un pedido de casación.

La audiencia de casación se realizó el 14 de enero de 2014 y los jueces resolvieron por unanimidad negar la misma y ratificaron la ejecución de la pena. Sin embargo, solo cumplió la condena Carlos F., quien fue recluido en Quito seis meses.

En cambio, el exasambleísta por Pachakutik Cléver J. y su asesor el exsindicalista Fernando V. fugaron.

En marzo de 2015, su abogado, Julio Sarango, pidió la prescripción de la pena. Sin embargo se ratificó el fallo y que se cancele una compensación económica. (I)

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Su esposa pagó la indemnización

Fernando V.  tenía un juicio por injurias

La semana pasada la esposa de Fernando V. entregó un certificado de depósito judicial por $ 44.301,60 con el fin de que se levanten las medidas cautelares que pesaban en contra de él. Los valores corresponden a una indemnización al presidente Rafael Correa, dentro del juicio por injurias.

Fernando V., junto con Cléver J. y Carlos F. fueron sentenciados a 18 meses de prisión y a pedir disculpas al Mandatario. Cléver J. acusó al Jefe de Estado de delitos de lesa humanidad, supuestamente cometidos durante los hechos ocurridos durante el 30 de septiembre de 2010.

Fernando V. intentó presentarse como candidato a asambleísta por el partido de Guillermo Lasso, pero fue impugnada y descalificada su postulación por estar afiliado a Pachakutik.

El 4 de agosto del 2011, los acusadores presentaron ante el Fiscal General del Estado una denuncia penal en contra del Primer Mandatario. Afirmaron que
el Jefe de Estado –en su calidad de Presidente de la República- fingió estar secuestrado en el Hospital de la Policía, y que se trasladó a la Universidad Técnica Equinoccial, desde donde se habría ordenado disparar contra civiles desarmados. (I)

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