El empresario Paco Velarde, cercano a Leonardo Bohrer, accedió a un contrato con Petroecuador

Candidatos observan 10 contratos con el Cabildo por $ 52 millones

- 26 de enero de 2017 - 00:00
Foto: Tomada del twitter @CJQuinonez

Jaime Nebot dijo que su cuñado tendrá que defenderse si simuló no tener relación con empresas que trabajaron para la Municipalidad de Guayaquil.

Son 10 contratos con montos que ascienden a alrededor de $ 52 millones los que se adjudicaron a las empresas domiciliadas en el edificio de  Leonardo Bohrer, cuñado del alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot.

De ellos, nueve contratos se suscribieron con la Municipalidad porteña y uno con la Empresa Municipal de Agua Potable (ver infografía).

El martes pasado, los candidatos a la Asamblea por Alianza PAIS (AP) pidieron a Nebot que transparente los contratos y explique a la ciudadanía cuáles son las conexiones con su cuñado.

El candidato Julio César Quiñónez resaltó que, si bien es cierto, Bohrer no es socio directo de las empresas contratantes, sí lo es su socio Paco Antonio Velarde. Ambos empresarios crearon una sociedad en un paraíso fiscal.

Entre los 10 contratos consta la empresa Gadola, donde Velarde actuó como gerente desde 2008 hasta 2013. El domicilio de esta y las otras empresas relacionadas es en el edificio Valdensa. En la Superintendencia de Compañía consta Bohrer como socio mayoritario.

Ante las denuncias, el alcalde guayaquileño contrató una cadena radial -que también se transmitió en vivo a través de redes sociales- para responder la denuncia.

El líder del Partido Social Cristiano (PSC) especificó: “Leonardo Bohrer es simplemente mi cuñado, no ha sido, ni es socialcristiano, y con sus actividades particulares no he tenido relación alguna. Él tendrá que explicar y responder por sus actos, yo solo respondo por mí mismo”.

Nebot afirmó que no es la primera vez que lo aclara, también lo hizo en el gobierno de Lucio Gutiérrez, cuando Bohrer fue nombrado como representante del ejecutivo en la Empresa Eléctrica.

El burgomaestre aclaró que ya ha realizado “varias diligencias preparatorias previas a denunciar una asociación ilícita (delictiva) para calumniarme encubiertamente”.

Sostuvo que de las compañías denunciadas por PAIS, dos tienen contratos con el Municipio, aunque no precisó cuáles. Indicó que las empresas han actuado dentro de la ley y conformando consorcios. El monto asignado fue de $ 9 millones.

Recalcó que en caso de que Bohrer haya simulado su no participación en las empresas contratistas tendrá que responder por ello.

Pidió, además, a la Contraloría que realice un examen especial para que verifique los contratos.  
Frente a ello, en un comunicado de prensa, Bohrer rechazó las vinculaciones con esas empresas. Advirtió que se reserva la posibilidad de abrir procesos legales por el caso.

Nebot aprovechó el espacio radial contratado para referirse a la compra de terrenos para el Parque Samanes cuando la candidata Marcela Aguiñaga era ministra del Ambiente.

Ella recordó que la compra fue directa con el Issfa y que la entidad devolvió los $ 41 millones. Agregó que la Contraloría ya analizó el tema y no ha encontrado indicios de responsabilidad penal.

Octavio Villacreses, exconcejal de Guayaquil, destacó que las contrataciones se transparentaron con el Portal de Compras Públicas. “Creo que siempre estas empresas, de una u otra forma, estuvieron vinculadas con el PSC”.  

Tras las averiguaciones, que revelaron que el socio de Bohrer, Paco Velarde, se adjudicó un contrato con Petroecuador, los aspirantes a la Asamblea por PAIS oficializaron su denuncia en la Contraloría. Presumen que habría un sobreprecio en el contrato de $ 46,9 millones suscrito con la empresa Maquisud. (I)

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Empresa intervino en Refinería

WorleyParsons hizo obras por $ 226 millones

La compañía australiana WorleyParsons (WP) tomó distancia de las negociaciones que sus empresas aliadas en Ecuador hayan realizado con Petroecuador para obtener contratos para la rehabilitación de la Refinería de Esmeraldas.

La Fiscalía investiga una presunta red de corrupción que involucra a directivos de la petrolera estatal y de otras compañías.

En un comunicado de prensa, WP dijo que “no ha participado ni tiene conocimiento” de las supuestas actividades ilícitas cometidas por un subcontratista. “El monto total del Contrato de Gerenciamiento y Fiscalización, conjuntamente con otros cinco contratos complementarios, ascendió a $ 226,7 millones entre 2011-2016, que se encuentra dentro de los estándares del mercado”, reza el comunicado.

La multinacional se habría aliado con el Grupo Azul, un consorcio que brindaba diversos servicios y hoy sus directivos son investigados por presunto cohecho.

Además, en los correos electrónicos recuperados de la computadora de ‘Charlie’ P.C., actualmente prófugo, se revela información de WP en asociación con la compañía Tectotal, creada en 1994 para obras de ingeniería civil. Su gerente, Eduardo Manzano, pidió el respaldo de la compañía extranjera para acceder a contratos con la estatal petrolera. (I)

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Caso Petroecuador

Jueza llama a juicio a los 18 procesados

En el Complejo Judicial Norte de Quito, la jueza Karen Matamoros acogió anoche el dictamen del fiscal Juan Carlos Zúñiga al llamar a juicio a los 18 procesados por el presunto delito de cohecho en la empresa pública Petroecuador. La servidora judicial convocó a audiencia preparatoria de juicio, a la que asistieron el fiscal y los abogados de los acusados.

De los 18 procesados, 13 fueron acusados como autores, entre ellos Carlos P.Y. y Álex B., exgerentes de Petroecuador; así también irán a la etapa de juicio en calidad de coautores cinco imputados. Ellos fueron acusados con base en el artículo 280, inciso 2, del Código Orgánico Integral Penal (COIP), mediante el cual se sanciona con una pena de 3 a 5 años de privación de libertad. La jueza Matamoros anunció que la audiencia de juicio será antes del 16 de febrero, fecha en la que caduca la prisión preventiva de Javier B. Si la diligencia no se efectúa antes, el procesado saldría en libertad.

Según el dictamen del fiscal Zúñiga, los 18 procesados configuraron el delito de cohecho al recibir y entregar ‘pagos irregulares’, a través de empresas registradas en Panamá. El dinero producto de ‘coimas’  fue depositado en cuentas internacionales, que están a nombre de los imputados y de sus familiares.

La información de la asistencia penal de Panamá fue un elemento importante para sustentar la acusación por cohecho en contra de los 18 procesados. Carlos P. Y., Álex B. P., Arturo E., Paquita M., Javier B., Jaime B., Antonio B., Ramiro L., Sonia C., Fabrizzio Y., Glenda M., Humberto G. y Arturo P. fueron llamados en calidad de autores; y Yolanda P., Andrés P., Zetnia P., Gorky R. y Jenice F. fueron acusados como coautores del delito. (I)

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