Parlamentarios de América Latina exigen a la Unión Europea (UE) que excluya a los países miembros de la Comunidad Andina (CAN) de la aplicación de la llamada “Directiva de Retorno”, que obliga a deportar y hasta encarcelar a los inmigrantes indocumentados, informó ayer la presidenta del Parlamento Andino, Ivonne Baki.

Los parlamentarios andinos pretenden que la controvertida normativa no entre en vigor en Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y en el resto de países de Latinoamérica, para lograrlo se hallan ahora en la tarea de conformar un Observatorio Permanente de Migración, cuyo objetivo es elaborar propuestas que beneficien a la población inmigrante, a sus familias y vigilar que se respeten sus derechos fundamentales.

La creación de este observatorio es parte del acuerdo al que llegaron los representantes del Parlamento Latinoamericano, Parlamento Andino, la Asamblea Euro-Latinoamericana (Eurolat) en la reunión que sostuvieron el 14 de julio con representantes de la UE, en Madrid, donde se prediseñó una “hoja de ruta” para analizar la situación de los inmigrantes y la aplicación de la norma de control migratorio, señaló Baki.

Siguiendo la “hoja de ruta”, el 25 y 26 de septiembre los parlamentarios andinos y representantes de la Comisión Europea se reunirán en Estrasburgo, donde se conformará el observatorio cuya sede deberá ser fijada en América Latina.

Posterior a este encuentro, se celebrará una nueva reunión el 4 y 5 de noviembre en Bruselas, donde el observatorio llegará con propuestas recogidas de diversos sectores sociales y políticos para lograr en primera instancia un acuerdo que permita mayor agilidad en los procesos de legalización de los inmigrantes indocumentados.

Baki señaló que lo que se busca es que el control de los flujos migratorios en América Latina no se lo haga de forma discriminada y para ello el observatorio velará para que se precautelen los derechos humanos y fundamentales de los inmigrantes en los países europeos.

“Estamos de acuerdo con que el flujo migratorio debe tener un orden, pero los países europeos también deben involucrarse en proyectos a favor de los inmigrantes. Debemos entender que no podemos discriminar y a veces debemos ponernos en el puesto del otro”, enfatizó.

La UE explicó ayer a la Comunidad Andina que la directiva comunitaria sobre el retorno de inmigrantes irregulares refuerza “la seguridad jurídica” de estas personas para evitar su posible explotación, a la vez que se intenta garantizar que los inmigrantes legales tengan los mismos derechos que los ciudadanos comunitarios.

En una carta dirigida a los cancilleres de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, la UE resaltó el “fuerte compromiso” europeo con los derechos humanos y la lucha contra el racismo, la xenofobia y el tráfico de personas.

Este gesto responde a las fuertes críticas que la “directiva de retorno”, recién aprobada por la UE suscitó entre los cancilleres andinos, que enviaron una carta conjunta en junio pasado.

La misiva asegura que la UE apoya la inmigración legal, pero tiene que “abordar los problemas que conlleva la inmigración irregular” desde un “enfoque global” que ponga en contacto a países de origen, tránsito y destino que permita una gestión conjunta de los flujos migratorios.

“Debemos luchar contra el empleo ilegal, el tráfico ilícito de inmigrantes y la trata de personas”, reza el texto.

La UE también garantizó que entre sus objetivos figura “contribuir al desarrollo socioeconómico de los países de origen para que sus ciudadanos puedan tener mejores condiciones de vida sin estar obligados a abandonar su país”.

El ministro de Exteriores francés, Bernard Kouchner; el alto representante de la UE para Política Exterior, Javier Solana; y, la comisaria europea de Exteriores, Benita Ferrero-Waldner, firman esta carta, en la que dicen entender que la nueva directiva genere “malentendidos” que hay que aclarar sin demora.

“La directiva busca armonizar las normas en los Estados miembros y establecer un conjunto de reglas claras, transparentes y justas” que tengan en cuenta el pleno respeto a los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas afectadas, recalcan.

Por otra parte, la carta insiste en que la Unión pretende que las personas en situación irregular estén mejor protegidas ante la explotación que suelen sufrir y cuenten con derechos, como el de información de las posibles vías para interponer un recurso, el apoyo lingüístico y asesoramiento jurídico, o cuidados médicos de urgencia.