Tras una apuradísima y muy negociada votación resuelta finalmente por un sufragio de diferencia, los congresistas demócratas en Washington han conseguido -con el apoyo de algunos republicanos disidentes- sacar adelante un proyecto de ley sobre el cambio climático.

Al promoverlo, los correligionarios de Barack Obama se han atrevido con algo que ninguna otra administración yanqui se había ni siquiera avenido a considerar: imponer límites a la emisión de gases invernadero y fijar un precio para el CO2 dentro de las fronteras de la nación más contaminante del planeta.

La propuesta, que está aún pendiente de su tramitación en el Senado, representa una victoria parcial en el primero de los dos grandes asaltos legislativos que el presidente Obama afrontará durante 2009. (El segundo round llegará con la anunciada reforma sanitaria, la cual debería convalidar definitivamente el talante reformista que encumbró al afroamericano en las elecciones de noviembre).

La trascendencia de la denominada “Ley de la Energía Limpia y la Seguridad” excede, empero, la coyuntura partidista.

Presentada por sus impulsores como la pieza de derecho medioambiental más ambiciosa redactada nunca en Estados Unidos, la norma supone una formidable inversión de los principios que guiaron la política energética norteamericana durante la gestión de George W. Bush.

Este pionero proyecto legal relega por primera vez los intereses de las siempre influyentes petroleras, al promover una matriz energética que busca sustituir los combustibles fósiles y el carbón por fuentes alternativas.

“Esta ley es extraordinariamente importante para el país. Hemos estado hablando sobre esto durante décadas. ¡Ha llegado el momento de actuar!”, dijo enfático al solicitar su aprobación Obama, quien ya durante la campaña había hecho de la lucha contra calentamiento global una de sus banderas.

Aunque no está todavía a la altura de Kyoto, el texto propuesto por los demócratas Henry Waxman y Edward Markey se acerca bastante a los objetivos de un protocolo que Estados Unidos, en su suficiencia obstinada, se ha negado a ratificar.

Si prosperase, la norma comprometería a la industria y el mercado de consumo más poderosos del mundo a reducir sus emisiones de CO2 de manera significativa. Conforme a dos diferentes plazos: en un 17% para 2020, y en un 83% para 2050 (con respecto a los niveles de 2005).

El proyecto, con el que el gabinete de Obama espera impulsar “una nueva economía verde”, prevé también la creación de un sistema por el que las empresas pueden vender y comprar bonos contaminantes, replicando una fórmula ensayada en otros países.


Pese al paso de gigante que supondría su ratificación, la “Ley de la Energía Limpia y la Seguridad” está siendo recibida con muy desigual entusiasmo.

Algunos grupos ecologistas locales han pedido a los miembros del Capitolio el veto para la proposición de ley, por considerar insuficientes los recortes de emisiones de CO2 que impone y demasiado holgado su calendario.

Desde Europa, en una postura que expresaría el parecer de varios entre sus homólogos, el ministro sueco de Medio Ambiente ha señalado que las reducciones que se podría autoimponer Washington no alcanzan para corregir su posición como megapotencia contaminante.

“Esperamos más y exigimos más”, ha dicho Andreas Carlgren.

Como contrapeso a las críticas, el proyecto legislativo de Waxman y Markey cuenta con el respaldo de la voz más influyente en la cruzada planetaria contra los gases invernadero, la del presidenciable reciclado en activista Al Gore.

“Es una de las piezas más importantes a las que dará luz verde el Congreso en toda su historia”, ha vaticinado el que fuera vicepresidente de Bill Clinton.

Para el columnista estrella de The New York Times, Thomas L. Friedman, un eventual rechazo de este proyecto pro energías verdes sería leído por la comunidad mundial “como un voto en contra de la realidad y la urgencia”.

Sobre todo la urgencia.