Una semana atrás, el Premio Nobel de la Paz 1980, el arquitecto argentino Adolfo Pérez Esquivel, llevó al presidente de Ecuador, Rafael Correa, una carta de apoyo a la iniciativa de auditar la deuda externa del país, que asciende a unos 10.300 millones de dólares y consume nada menos que 20 por ciento del presupuesto del Estado.

Pérez Esquivel, líder por los derechos humanos, integra la red de acción frente a la deuda Jubileo Sur. La organización urge a los gobiernos a revisar minuciosamente la deuda externa, bajo la certeza de que esta piedra de Sísifo de las naciones es ilegítima, injusta y no es sustentable ética, jurídica y políticamente.

La idea del jubileo se origina en la noción judeo-cristiana de un año jubilar, cuando se condonaban deudas y liberaban personas esclavizadas con el fin de lograr justicia. No es peregrino entonces que un militante por los derechos humanos llame a revisar los servicios de la deuda externa, que pauperiza y somete a los pueblos del Sur, con la interesada e indispensable complicidad de las elites locales.

Tampoco es una coincidencia que uno de los impulsores de las auditorías sea argentino, ya que en el país gobernado por Cristina Fernández la deuda externa es una pesadilla que regresa en forma cíclica para pellizcar el sueño de una mejor nación.

Argentina, que anunció ayer que cancelará con las reservas del Banco Central la deuda de 6.706 millones de dólares con el Club de París, es uno de esos casos típicos que muestran cómo una deuda externa ilegítima se transforma en eterna y legítima. El gran endeudamiento argentino comenzó durante la última dictadura militar, en los sangrientos años 70, es decir en gobiernos de facto y de espaldas al pueblo. La carga de los servicios fue aumentando de manera exponencial desde entonces, con un salto durante los años en que Domingo Cavallo fue ministro de Economía. Ha llegado desde entonces a condicionar la vida (y la muerte) de millones de argentinos.

Los compromisos externos han sofocado a Argentina durante muchos años, limitando su soberanía presupuestaria e imponiendo severas políticas fiscales que derivaron en una de las peores crisis económicas de la historia, en 2001. En diciembre de este año, más de la mitad de la población quedó sumergida bajo la línea de la pobreza, mientras el entonces presidente Fernando de la Rúa repetía que su gobierno iba a “honrar los compromisos” con los acreedores externos. De la Rúa renunció, un gobierno interino declaró el cese de pago o default y otro posterior inició un megacanje que procuraba “desendeudar” al país, pero que también legitimó la deuda anterior.

Argentina logró entonces una quita que dejó la nueva deuda externa en 125 mil millones de dólares, sin contar los 30 mil millones que reclaman los fondos buitres que decidieron no adherir al canje. Además, el país pagó 10 mil millones de dólares al Fondo Monetario Internacional (FMI), para que el organismo deje de auditar sus cuentas.

Pero esto no fue suficiente. Desde entonces, la deuda no ha dejado de crecer. Por más que el Gobierno pague y repague intereses y capital, la deuda ha saltado en pocos años a 150 mil millones de dólares. Incluso sería mayor si el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) no manipulara las cifras de la inflación, ya que gran parte de los bonos soberanos se actualizan sobre la base del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Es por esta trampa cíclica que la cuestión de la deuda externa no es un tema teórico que solo deba discutirse desde la macroeconomía. La deuda forma parte de una tecnología de poder político que es necesario desarticular, pero con justicia, en honor a los millones de habitantes que pensaron en un país mejor para sus hijos.