Las peores noticias llegan desde la Argentina. No se trata del reciente regreso a las rutas de los productores agropecuarios, esos anarquistas que hace meses pedían al Estado que se aleje de sus ganancias y ahora ruegan que les permita un mejor margen. El tema en cuestión no es el de los bonos de la deuda soberana, que el gobierno de Cristina Fernández salió a recomprar para que no se derrumben los precios, luego de que el financista Hugo Chávez salió a venderlos como papel picado. Tampoco el peor escenario se debe a la desaceleración de la actividad económica (al fin y al cabo, ¿a quién le interesa un crecimiento récord y un banco central atiborrado de reservas en una sociedad donde se mueren los hijos?).

Precisamente, el verdadero infierno del país lo vive la población más débil: los niños en situación de pobreza e indigencia. La ministra de Salud, Graciela Ocaña, dijo días atrás que la mortalidad infantil creció el último año en la Argentina, especialmente en las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, los tres distritos más ricos de la nación. Ocaña hizo estas declaraciones en una conferencia de prensa ante periodistas extranjeros, haciendo honor al mandato kirchnerista de esquivar los medios locales, jinetes del apocalipsis argentino.

La máxima funcionaria de Salud, que no es médica, no dio cifras,  pero las últimas estadísticas difundidas en 2006 indicaron que no pudieron seguir viviendo 13 de cada 1.000 nacidos en el país, debido a la deficiente infraestructura hospitalaria, la falta de alimentación adecuada y las condiciones de indigencia en las que viven los niños. Argentina produce alimentos para 400 millones de personas.

Según datos del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), 41 por ciento de los niños, niñas y adolescentes argentinos vive en hogares pobres y más de 14 por ciento en hogares indigentes. Unicef  apuntó, además, que en algunas provincias, siete de cada diez niños menores de 18 años vive en la pobreza. Estas cifras podrían ser más graves, si se difundieran los datos reales del Índice de Precios al Consumidor (IPC), que establece el precio de la canasta básica y el ingreso que debe tener una familia para no ser pobre e indigente.

Este fracaso en las políticas públicas para la niñez se da en un contexto de ininterrumpido crecimiento económico de Argentina, que replica la insoportable levedad de América Latina: 10 por ciento de la población más rica se apropia de 48 por ciento del ingreso, mientras que 10 por ciento más pobre apenas accede a 1,6. Esta maraña de números no hace sino reflejar una férrea costumbre en la región: la inequitativa distribución del ingreso.

En Argentina, los recursos para la niñez han ido creciendo desde 1995, pero Unicef advirtió que en los sectores y regiones más vulnerables persisten importantes brechas vinculadas con la situación social de la población, especialmente en lo que se refiere a la infancia y adolescencia. “La recuperación de la situación social está ocurriendo a un ritmo menor al experimentado por la actividad económica”, remarcó el organismo internacional.

La mortalidad infantil para 2007 se ubicará, según se desprende de las declaraciones de Ocaña, por encima de las cifras de 2006 y lejos de uno de los Objetivos del Milenio de la Organización de Naciones Unidas (ONU), que procura reducirla a un dígito.
Niños que no pueden seguir viviendo en una región en crecimiento, el peor de los fracasos.