Más del 35% de lo que Ecuador perdió al asumir la sucretización como conversión de la deuda privada lo hizo solo por el diferencial cambiario; es decir, 1.557 millones de dólares es el monto que el país perdió por el cambio de dólares a sucres.

Esta cifra -según el informe de la Comisión de Auditoría Integral del Crédito Público (CAIC), se suman 1.238 millones de dólares pagados durante el período 1983-1994, por amortización (575 millones) y por intereses (662 millones de dólares), además de 1.569 millones correspondientes al saldo de capital e intereses atrasados registrados en 1994. Así, el monto inicial de la deuda, que era de 1.371 millones dólares sucretizados en 1982 y 1984 se incrementó en 218%, transformándose para el Estado en 4.364 millones de dólares.

Pero el perjuicio para el Estado ecuatoriano no solo se refleja en “las inmensas pérdidas”, como la CAIC califica en su informe a las consecuencias que ocasionó la sucretización, sino también en las acciones posteriores.

Piedad Mancero, integrante de la CAIC, explicó que la sucretización es parte sustancial del endeudamiento comercial con los bancos extranjeros. Según identificó la auditoría integral, es desde 1976 cuando  justamente el endeudamiento con la banca comercial inicia su crecimiento agresivo, hasta 1983 cuando el Estado –con la sucretización- se hace cargo del monto total.

Otro ingrediente más es el Decreto Ejecutivo del 7 de agosto de 1992, emitido en el gobierno de Rodrigo Borja, con el fin de equilibrar la contabilidad del Banco Central del Ecuador (BCE), que había registrado un déficit significativo por el hecho de asumir el costo de la sucretización. Según Mancero, sin embargo, no se ha podido determinar aún si realmente se logró el objetivo o si el Decreto -que finalmente se ejecutó una vez posesionado el gobierno de Sixto Durán Ballén– incrementó los costos de la sucretización.

El Decreto ordenaba la emisión “simbólica a 100 años”, de un bono único del Estado por un monto de hasta 1.334.212 millones de sucres a favor del Banco Central, además de bonos del Estado por 853,9 millones de dólares a fin de traspasar al ministerio de Finanzas el saldo de la deuda externa privada que había asumido el Banco Central del Ecuador.

La Comisión de la Auditoría consideró, a las múltiples renegociaciones con la banca privada, como ilícitas

Pese a que los responsables del proceso de sucretización, que inició en el gobierno de Osvaldo Hurtado, son personajes públicos, Mancero reconoce que las acciones que se cumplan en contra de ellos en este proceso, salen del alcance de la Comisión y pasan a manos de las autoridades de control y de justicia.

También en este tratamiento entra el canje de bonos Brady a Global, cuyo pago de intereses: bonos 2012 (30,6 millones de dólares) está suspendido hasta el próximo 15 de diciembre.

La CAIC determinó que la oferta de emisión de los bonos 2012 y 2030 no estaba autorizada por las leyes ecuatorianas, debido a que el Decreto Ejecutivo correspondiente no estaba aún publicado a la fecha de su suscripción. Además, conforme lo precisó el comisionado Alejandro Olmos, en la entrega oficial del informe, el valor de mercado de los bonos reestructurados estaba por debajo del 30% de su valor nominal; mientras que la emisión de bonos Global ascendió cuatro veces su valor de mercado; es decir, en 3.950 millones de dólares.

Por ello, la Comisión consideró a las múltiple renegociaciones con la banca privada internacional como “evidencias de ilegalidad e ilicitud” perjudiciales para el país y favorables a los intereses de los acreedores.

Todo esto, sin considerar la renuncia a la prescripción de la deuda en 1992, por 7.000 millones de dólares. Hasta agosto de este año, los intereses pagados suman 2.450 millones de dólares.

Una comisión de “alto nivel” investigará el manejo de la deuda ecuatoriana. Esta se conformó luego de la presentación del informe de la Comisión de Auditoría Integral del Crédito Público (CAIC), realizada la semana pasada. Los resultados de las indagaciones y de las medidas a tormar  se conocerán la próxima semana.

 Así lo señaló el Contralor General del Estado, Carlos Pólit, quien indicó que tras la entrega oficial del informe por parte de la ministra de Finanzas, María Elsa Viteri, ha conformado una Comisión de Contraloría que estará encabezada por el subcontralor (e), Eduardo Muñoz, e integrada por los miembros de la comisión jurídica y las direcciones de auditoría, para determinar las acciones legales que el organismo puede ejecutar en la investigación de la deuda pública.

Pólit dijo que la Comisión Jurídica será la encargada de analizar las acciones legales, que este organismo podrá llevar a cabo, en caso de encontrar ilegalidades en los procedimientos de los funcionarios ante los manejos de recursos del Estado que se detallen en la documentación que fue entregada por la CAIC.
 
Por Paulina Escobar & Julia Chávez