El proceso iniciado contra Teleamazonas, a propósito de la transmisión de información falsa el 8 de mayo, ha desatado opiniones y reacciones de todo tipo. Incluso Nebot habla de la defensa de la libertad de expresión en CRE, la misma radio cuyos equipos fueron totalmente destruidos por un grupo armado en enero de 1987, luego de que emitiera información sobre el Taurazo.

En todo esto existe una confusión interesada.

La libertad de expresión como derecho individual, involucra lo que decimos y hacemos los individuos en la cotidianidad, es también lo que permite que nos manifestemos como somos, como hemos llegado a ser. 

Los actuales  reclamos por la libertad de expresión equiparan ese derecho individual con la libertad de producir y transmitir información de manera corporativa. En el primer caso, la expresión tiene un carácter vital para el individuo y produce un efecto en el otro. No se busca el lucro con la expresión individual, y los que la reciben construyen su cotidianidad con ella. Su alcance es limitado.

En el segundo caso la expresión corresponde a una construcción de realidad, desde criterios de noticiabilidad determinados por intereses políticos y el afán del lucro. El  alcance es mayor y con efectos no sólo sobre la representación que los individuos realizan de sujetos y realidades sociales y políticas, sino sobre sus acciones. Es cierto que los efectos no pueden ser predeterminados, pues dependen de varios factores, pero eso no exime a los productores de información, de la responsabilidad en el ejercicio de su negocio

La libertad de expresión individual se construye y se mantiene en el espacio público. Ahí se observa la ignorancia y la hipocresía de muchos de sus actuales defensores: los famosillos del entretenimiento, el ama de casa que repite lo que le escuchó a la presentadora, los políticos.  Durante los últimos 8 años hemos visto como ese espacio ha sido restringido por ordenanzas de todo tipo, que regulan la circulación, los comportamientos, las formas de vestirse, las sillas del negocio y el color de la casa, por no hablar de la criminalización de la protesta y su represión paramilitar. Y todo ello resuelto por concejales y dueños de las fundaciones, en nombre de nuestra seguridad, la decencia y las buenas costumbres. 

Si vamos a reclamar por la libertad de expresión empecemos por casa.