Sixto Durán Historias electorales

Las protestas de sectores sociales y los desastres naturales desvanecieron el plan de privatización liderado por Dahik

EL TELÉGRAFO, 1993. Los mandatarios durante un acto en el Salón Amarillo del Palacio de Carondelet. Foto: Archivo / El Telégrafo

En el escenario mundial se vivía la era de la globalización de la economía. Eso impulsó al gobierno conservador a aplicar un ambicioso plan de privatización de las empresas estatales. La caída de Dahik pulverizó esa estrategia de la derecha.

Ni bien empezó su gobierno, Durán-Ballén enfrentó las protestas de sectores gremiales y estudiantiles. Lo primero fue un paro de transportistas urbanos, que reclamaban el alza de pasaje, de 80 a 100 sucres; el servicio se suspendió y la ciudadanía debió movilizarse en camionetas.

A su vez, un laudo arbitral le exigió al Estado pagar a la Empresa Eléctrica de Ecuador (Emelec) más de $ 40 millones, además de la aprobación, por parte del anterior Gobierno, de un incremento de sueldos en 60 mil sucres, situación que para las nuevas autoridades no estaba financiado.

Con ese escenario y un Congreso convulsionado por las pugnas entre bloques, el equipo económico del Gobierno renegoció la deuda externa y puso en marcha un vasto plan de modernización y privatización de empresas estatales. La deuda externa estaba en $ 12.271 millones, de los cuales $ 7.274 millones se debían a la banca comercial.

Para cubrir el déficit financiero se adoptó un paquete de medidas económicas; en tal virtud, el 3 de septiembre, en cadena nacional radiotelevisada, se anunciaron las medidas: alza de tarifas telefónicas y eléctricas, flotación de las tasas de interés, ajuste del dólar, creación del impuesto único a empresas.

En cuanto a los combustibles, el diésel se fijó en 1.460 sucres, la gasolina súper en 2.400 sucres, en tanto que el kérex y la gasolina extra no sufrieron variaciones. La energía eléctrica se incrementó del 25% para arriba, según el nivel de consumo.

Para aliviar ese peso, el Gobierno decretó un incremento en la compensación por costo de vida de 20.000 a 30.000 sucres, en tanto el dólar se fijó en 2.000 sucres.

Además, se congelaron los salarios del sector público con ingresos altos y se reemplazó el sistema de minidevaluaciones con una macrodevaluación. El vicepresidente Alberto Dahik llamó a estos ajustes ‘medidas de shock’, necesarias a su criterio, para enfrentar los problemas económicos.

Lo que exacerbó a los ciudadanos fue el incremento del precio del gas (de 1.300 a 3.525 sucres). Las protestas no tardaron: el 8 de septiembre se inició un paro de sectores laborales, por lo que el Gobierno debió derogar el decreto, en la parte relacionada al gas, cuyo precio quedó en 2.900 sucres.

En medio de la agitación social, el Gobierno posesionó en noviembre a Carlos Romoleroux y Germán Peñaherrera, como presidente y director ejecutivo del Consejo Nacional de Modernización (Conam), para impulsar el maltrecho proceso de reorganización de 163 empresas estatales, en las áreas de hidrocarburos, transporte, energía, industria, comercio y telecomunicaciones.

En forma simultánea, Pablo Lucio Paredes, en ese momento secretario nacional del Consejo Nacional de Desarrollo (Conade), anunció un proceso global de privatizaciones, que incluía a las empresas: Ecuatoriana de Aviación; ingenio azucarero Aztra; Cementos Selva Alegre; Empresa de Ferrocarriles del Estado; Emetel; los servicios de salud del IESS, excepto el sector de la jubilación; concesiones privadas en carreteras y nuevos aeropuertos. Además de la eliminación del 90% a 95% de trámites para la inversión extranjera.

El plan incluyó limitaciones al control de la Superintendencia de Compañías, el autofinanciamiento de la educación pública superior, la privatización de servicios, como agua potable, alcantarillado sanitario y recolección de basura.

Según el historiador Miguel Cantos, Durán-Ballén planteó la privatización de áreas estratégicas, en las telecomunicaciones, hidrocarburos y sector eléctrico, pero para hacerlo se requerían reformas a determinadas leyes, como la Laboral, y a la seguridad social. “El fin era crear un andamiaje que pueda sostener este proceso y así fortalecer los capitales e intereses de las transnacionales”.

“Había propuesto un plan para 30 años, pero no duró ni 5 -sostiene Cantos-; con la Ley de Modernización del Estado se dio carta abierta a la privatizacion y la Ley de Instituciones Financieras posibilitó la articulacion del sector financiero privado hacia tendencias monopólicas. Ahí está la génesis de la crisis bancaria de 1999”.

Pero los sectores sociales encendieron las alarmas frente al alcance y la intencionalidad del plan de Dahik. Cantos considera que el gobierno de Durán-Ballén lidió en varios frentes; las manifestaciones callejeras y los paros en demanda de mejoras salariales frenaron el ímpetu político del Gobierno y debilitaron la fuerza del proyecto económico.

Pero los sectores sociales encendieron las alarmas frente al alcance y la intencionalidad del plan de Dahik. Cantos considera que el gobierno de Durán-Ballén lidió en varios frentes; las manifestaciones callejeras y los paros en demanda de mejoras salariales frenaron el ímpetu político del Gobierno y debilitaron la fuerza del proyecto económico.