Desde hace dos años Silvia Paucar, quien habita en Guangopolo (al oriente de Quito), trabaja en el huerto que está en el patio posterior de su vivienda. Diariamente le dedica tiempo a esta actividad, porque los productos que recolecta le han permitido subsistir y mejorar la alimentación de su familia.

Tomate, lechuga, fréjol, varios tipos de col, tomatillo y rábano son algunos de los productos libre de agroquímicos que obtiene esta ama de casa a través de su pequeño huerto, que lo construyó por iniciativa propia, pero con apoyo de los técnicos del proyecto Agricultura Urbana Participativa (Agrupar).

En Guangopolo, Paucar no es la única que ha recibido esta ayuda, pues sus vecinas Yolanda Naranjo, Piedad Canchado y Nancy Maincidio también tienen sus parcelas. “La capacitación nos ha permitido tener mejores formas de vida. Es un adelanto, definitivamente”, dice Paucar.

Estas mujeres tambien tienen un huerto comunitario, en el cual han sembrado avena. “Esto tiene prácticamente un doble propósito. Primero, va a ayudar a recuperar el suelo porque éste es un abono verde que cuando esté en un 10% de germinación de floración lo vamos a incorporar al suelo; y  segundo, va a servir para dar de comer a los cuyes”, manifiesta Paucar.

Édgar Hinojosa, técnico de Agrupar, asegura que esta actividad es beneficiosa y rentable, pues los capacitados invierten poco con relación a lo que cosechan. Además, manifiesta que el programa ha contribuido en el ámbito familiar, pues hay casos en que los integrantes del hogar han mejorado su convivencia y la comunicación mutua.

Desde sus inicios hasta el presente año, Agrupar ha ayudado en la implementación de 400 huertos. Y la capacitación no solo se ha centrado en mujeres de sectores rurales, pues también se ha brindado apoyo a grupos de jóvenes, personas con capacidades diferentes, adultos mayores, familiares de migrantes y comunidades indígenas, afirma Alexandra Rodríguez, coordinadora del Servicio del proyecto.

También se ayuda a instituciones como guarderías, escuelas, colegios, centros de recuperación para alcohólicos y drogadictos, de acogida a niños abandonados y madres solteras, conventos, hospitales y asociaciones barriales.

La capacitación ha servido también para la creación de otros negocios como la cría de cuyes y otros animales

Un ejemplo es el taller especial del Ministerio de Inclusión Económica y Social, en Conocoto, en el cual jóvenes discapacitados ayudan en el huerto comunitario.

Toda la producción de este lugar sirve para la alimentación del grupo.

Esta es una forma de terapia para ellos, asegura Diego Imbaniquita, funcionario del centro de Apoyo para jóvenes con discapacidad, “pues conocen las semillas y las plantas; a más de que les ayuda a integrarse”. También fomenta la unión familiar, porque los padres ayudan a sus hijos en esta actividad.

Rodríguez resalta que a través de este proyecto se promueve la política de Estado relacionada a la seguridad y soberanía alimentaria.

Además precisa que el 65,8% de unidades productivas tiene el carácter de autoconsumo y el 34,2% tiene una finalidad comercial. En el segundo grupo, están 304 personas, las cuales ahora tienen un empleo de tiempo parcial, que les permite tener ingresos para sus hogares.

La agricultura, dice Rodríguez, ha beneficiado a varios de los capacitados no solo por la implementación de los huertos, sino que ha permitido nuevos negocios como criaderos de cuyes o relacionados con la apicultura, piscicultura y avicultura.

Hinojosa destaca que esta diversificación se ha logrado porque los técnicos no solo dan asesoría en la agricultura, sino que además cuentan con un veterinario para facilitar el apoyo al resto de actividades productivas.

También se han creado las cajas de ahorro, en las cuales no hay créditos vencidos (deudas atrasadas). La razón de este éxito, explica Rodríguez, es que antes de realizar un préstamo se consulta a los integrantes del fondo si el solicitante debe recibir el préstamo, con lo cual se compromete al deudor a pagar sin demora.

Según Agrupar, el programa se basa en los principios de la economía solidaria y comercio justo, a los cuales se suman los de promover una relación directa y voluntaria entre productores y consumidores, valorar la calidad de la producción orgánica y el cuidado ambiental y trabajar con productores y trabajadores marginales para ayudarlos a pasar de una posición vulnerable a una económicamente independiente y segura.