El Ejecutivo envió ayer el veto parcial a la reforma al Código de la Niñez o Ley de las Pensiones Alimenticias y sugiere un texto con el que se baja la edad de los alimentarios de 22, que propuso la Comisión Legislativa, a 21 años de edad.

El documento argumenta que los 22 años resultan extraños a la tradición del derecho ecuatoriano y del derecho internacional.

El Ejecutivo propone que “debido a que no se consideró adecuada la posición inicial de fijar la edad del alimentario en 24 años, no existe, jurídicamente razón alguna para fijar la edad de los alimentarios en 22 años”. Por lo tanto, la pensión alimenticia debería ser hasta los 21 años.

Sobre la responsabilidad concurrente de los abuelos, tíos y hermanos del menor a ser protegido, requiere que se establezca con mayor claridad las condiciones con las que son convocados los otros obligados, que debe ser en función de su capacidad económica y que debe excluirse a aquellos que se encuentren discapacitados.

Añade la preocupación por las familias transnacionales (padres que viven en el exterior) y pide considerar la situación migratoria.

Por ello, sostiene que los “jueces aplicarán de oficio los instrumentos internacionales ratificados por el Ecuador a fin de garantizar el derecho de alimentos”, por lo que “dispondrán todas las medidas necesarias para asegurar el cobro efectivo de la pensión”, sin importar si es la madre o el padre el que ha migrado.   

El veto sostiene que la pensión de alimentos procede aún en los casos en que el alimentado y el obligado convivan bajo el mismo techo y que se pagará desde la presentación de la demanda. El aumento procederá desde la presentación de la solicitud y la rebaja solo una vez que se ha emitido una resolución.

El veto hace observaciones sobre 28 puntos, entre artículos de la Ley.