El presidente de la República, Rafael Correa, firmó ayer el Decreto Ejecutivo 1823 mediante el cual el país renuncia al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi).

Con esta decisión, el Primer Mandatario cumplió con su anuncio realizado semanas atrás de que Ecuador saldría del Ciadi, convenio al cual el país se suscribió el 15 de enero de 1986.

Ahora el Ministerio de Relaciones Exteriores debe informar de esta decisión al depositario del Ciadi, que está adscrito al Banco Mundial (BM). Según el convenio, si un país denuncia (renuncia) debe esperar un lapso de seis meses con la finalidad de que se concrete su salida, tiempo en el cual se pueden recibir nuevas demandas de arbitraje en su contra.

Según un informe de la Procuraduría General del Estado, Ecuador tiene seis procesos abiertos con empresas petroleras y eléctricas extranjeras en este centro arbitral. Las demandas suman unos 3.900 millones de dólares.

Sin embargo, aunque el país salga del Ciadi debe presentarse a las audiencias hasta que haya un fallo definitivo.

Hasta el momento, en esta sede se han resuelto otros seis casos. En el último,  el tribunal se declaró incompetente para  conocer la demanda presentada en contra del país por el uso de los bienes de la ex Emelec.

La decisión de renunciar al centro se basa en el artículo 422 de la Constitución que determina que “no se podrán celebrar tratados o instrumentos internacionales en los que el Estado ecuatoriano ceda jurisdicción soberana a instancias de arbitraje internacional, en controversias contractuales o de índole comercial”.

Además, el pasado 12 de junio la Comisión Legislativa y de Fiscalización resolvió renunciar al convenio.