La licencia por paternidad ya fue discutida durante la Asamblea en Montecristi y para entonces los asambleístas lograron incluir este derecho en el Art. 332 de la nueva Carta Magna. Pero las viejas objeciones de que más permisos afectan a la productividad del país y de que es un derecho para “ociosos” surgieron nuevamente ayer en el primer debate de la Ley de Licencia por Paternidad, que complementa a la norma constitucional.

La ley, que es una reformatoria a la Orgánica del Servicio Civil y Carrera Administrativa (Lossca) y al Código de Trabajo, básicamente plantea la introducción de siete artículos en cada uno de los dos cuerpos legales para garantizar el permiso por paternidad por diez días y contempla ciertas eventualidades luego del nacimiento del bebé, como cesárea, nacimientos múltiples, el fallecimiento de la madre, padres adoptivos, niños prematuros y enfermedades crónicas o degenerativas. 

El planteamiento de permiso para un parto normal y sin complicaciones es de diez días, si requiere condiciones de cuidado especial tiene ocho días más acumulables; si el bebé tiene una enfermedad crónica tendrá un permiso máximo de 25 días con sueldo, para lo cual deberá presentar un certificado médico.

La premisa bajo la cual se presentó la ley, con el apoyo del Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia, es que el padre es corresponsable de la construcción de una familia y su presencia en los primeros días del neonato garantiza la equidad de los roles, la integración familiar y fortalece el vínculo paterno-familiar.

María Soledad Vela (PAIS), proponente de la ley, destacó que en las normativas vigentes no existe el permiso por paternidad y que si un padre quiere estar al lado de su pareja a la hora de recibir al nuevo ser debía conseguir un permiso por “calamidad doméstica, como si el alumbramiento fuera una cosa grave”, o cargar el permiso a vacaciones. Además de que estas “complicaciones” generaba un “natural” desligamiento del padre con relación al bebé.

Todas las consideraciones de una sociedad equitativa fueron debatidas por los comisionados Fausto Lupera (PSP) y Fernando Alarcón (PSP) desde el punto de vista de la productividad. El primero aseguró que la licencia por paternidad generará repercusiones en el presupuesto del Estado, que habrá hombres que se dedicarán a tener hijos, que es una demagogia de PAIS para conseguir votos, que fomentará la vagancia y preguntó cuál es el sentido de productividad que tiene este Gobierno. El segundo propuso una reducción del permiso a siete días considerando que si en el 2007 nacieron 369.000 niños en el país y que si solamente uno de los dos padres es económicamente activo, implica 147.000 trabajadores con un acumulado de  41 meses de permiso y que implica un esfuerzo del Estado superior a los 10 millones de dólares (calculado con el mínimo vital). 

“De acuerdo con sus observaciones, la esterilidad es sinónimo de producción”, respondió Rolando Panchana (PAIS), y solicitó a la Subcomisión de lo Laboral y Seguridad Social que se debería incluir que el permiso también corre cuando el embarazo se ha logrado gracias a la medicina asistida, de lo contrario habrá empleadores que argumenten eso como una razón para no otorgar la licencia por paternidad. 

Hubo varias observaciones, por ejemplo, qué pasa con los trabajadores autónomos e informales y si es posible plantear una ayuda del Estado para las personas que trabajan por el sustento diario. Se cuestionó si lo correcto es que sean días de licencia con sueldo (sin incentivos) o con remuneración (implica bonos), o qué pasa si el empleador no quiere cumplir con este derecho, o si el padre no dedica este tiempo a la familia.

León Roldós pidió que se incluya una disposición en la que se sancione con prisión al empleador que se niegue a dar el permiso o establezca condiciones en función de la maternidad y la paternidad o de hijos con problemas crónicos. Respecto a las sanciones para el padre se habló de que se incluya una para el padre que no cumpla con su deber durante el permiso de paternidad, que eso implique su inmediata reincorporación al trabajo y la devolución del dinero que ha gastado la empresa y el Estado por él. Se observó que una situación así no debe ser causal de visto bueno.