La historia es conocida por los pobladores de Barranca Bermeja, un caserío que mira al río San Miguel, donde viven 141 personas y al que se llega luego de atravesar un casi inaccesible camino de selva: al ecuatoriano Willmar Antonio Mora Bravo lo mató el Ejército colombiano el 8 de agosto de 2007.

Había nacido en Machala y tenía 31 años. Su pecado fue enamorarse de la colombiana María Edith Nastacuaz, con quien vivía en una población llamada Vereda Puerto Bello, del otro lado de ese cordón de agua gris que nace en el departamento de Nariño, atraviesa Colombia, llega a Ecuador y se vierte en el Putumayo.

Pero ni el curso tranquilo del San Miguel ni el verdor de la selva calman el ambiente en este lugar, zona de influencia del Frente 48 de las FARC. No en vano la frontera colombo-ecuatoriana, es conocida por los reporteros de guerra como el quinto lugar más peligroso del mundo para vivir, después de Iraq, Afganistán, la frontera sirio-israelí y el límite de las dos Coreas.

En esta espesura la vida vale muy poco. Lo sabe María, una mujer humilde, nacida en el Putumayo colombiano hace 30 años, a quien Willmar dejó embarazada ese día en que salió de su casa “para dejar una razón”.

“Cuando él no regresó esa noche, me preocupé. Al otro día llegó un señor llamado Juan Imbachí para preguntarme si había aparecido mi esposo, y me contó que su hijo, Juan Ignacio, también había desaparecido”, cuenta María.

Los militares colombianos supieron explicarles a ella y a Juan que habían tenido un enfrentamiento en el que mataron a dos guerrilleros, y que los cuerpos habían sido llevados en un helicóptero hasta la fiscalía del municipio de La Hormiga (Colombia).

“Mi esposo apareció con una pistola y al otro le pusieron una radio de comunicación”, cuenta María, quien asegura que Willmar era agricultor, que trabajaba en una finca de la zona y que jamás tuvo vínculos con “esa gente”.

“Con los pobladores fuimos a La Hormiga a reclamar por qué lo habían matado, y los soldados insistían en que eran guerrilleros. Pura mentira. Ni siquiera me dieron el acta de defunción. Para Colombia, él es un NN y para Ecuador sigue vivo”, dice la mujer, quien tuvo que huir de su tierra y buscó refugio en Lago Agrio, donde se gana la vida vendiendo tamales o haciendo limpieza.

Seguramente, este es uno de los casos de “falsos positivos”, le dijo a María el vicecanciller de la Defensa de Ecuador, Miguel Carvajal, el lunes pasado, cuando ella, llorando y delante de varios medios de comunicación, le contó su historia. Él se comprometió a investigar, pero no le dio muchas esperanzas, pues dijo que era Colombia la que debía actuar porque el crimen ocurrió del otro lado del río.

Sin poder contener su dolor, María también le contó a los representantes de los organismos de derechos humanos lo ocurrido y lo repitió delante del senador demócrata James McGovern, que estuvo la semana pasada por esos pueblos fronterizos para indagar en los daños causados a la población por el Plan Colombia.

Desde hace 8 años, McGovern ha denunciado la vulneración de los derechos humanos en Colombia, así como los vínculos entre sus Fuerzas Armadas y los paramilitares.

María es valiente y denuncia, pero la mayoría de los habitantes de esta región sabe que el secreto para estar a salvo es callar.

El lojano Miguel Lapa, presidente del Comité pro mejoras de Barranca Bermeja –localidad que queda a tres horas de Angostura, el sitio donde el 1 de marzo pasado ocurrió el bombardeo colombiano donde murió “Raúl Reyes”-, dice que la situación antes era peor.

“Cuando llegué –hace tres años- la gente vivía en zozobra. Si atacaba el Ejército colombiano salían corriendo para Santa Rosa –es una parroquia que queda a dos horas a pie-, y cuando repelía el Ejército ecuatoriano corrían a estas islas (señala frente al río)”.

Junto al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), Miguel ha logrado legalizar a la mayoría de colombianos que vive en el lugar y tramitarles el refugio. “Yo lo que quería era estabilidad para ellos, sean colombianos o ecuatorianos. Y que se nos respete la vida”.

“Esto ha mejorado porque la gente ha ido perdiendo el miedo a las Fuerzas Armadas de Ecuador, saben que el Ejército ecuatoriano es distinto al colombiano”. Porque “a los soldados colombianos ni siquiera se les puede saludar” y el miedo hacia ellos persiste.

Sin embargo, hay problemas “de aquí para arriba”. Es decir en las poblaciones de San Martín, Villa Hermosa y Providencia, donde se han dado denuncias de pobladores, que han sido avaladas por la Asociación Latinoamericana para los Derechos Humanos, Aldhu, de abusos de militares ecuatorianos. “Han violado y quemado casas, han saqueado, esas son las cosas que me cuentan, pero no me constan”, refiere Miguel.

La semana anterior, la Al-dhu repartió a periodistas un vídeo donde se muestran varias casas que, supuestamente, fueron quemadas por el Ejército ecuatoriano, porque se presumía que eran habitadas por guerrilleros, o aliados.

Lo que sí le consta a Miguel es que el 20 de enero de 2006 hubo una violación aérea del Ejército colombiano y un bombardeo sobre Barranca Bermeja. Ese día la gente tuvo que salir en estampida con los niños, con mujeres, con todo, hacia Santa Rosa. “Y la tronadera de balas nos seguía atrás. Bombardearon. Mire, todavía están las huellas en el zinc de las casas”, señala.

Ellos perseguían guerrilleros, pero “aquí no había ningún guerrillero, solo éramos civiles asustados”. Además, este año, a unos 8 kilómetros de Barranca, en la localidad de San Martín, desaparecieron 3 personas. “El Ejército colombiano se los llevó y los torturaron del otro lado. Los mataron. Eso pasó el 26 de mayo”, relata.

Y así las historias surgen como pepitas de un rosario siniestro. Allí y en otros lugares, como en Puerto Nuevo, parroquia ubicada a tres horas de Lago Agrio, que también colinda con el río y está llena de refugiados colombianos que cruzaron el río “para no morir del otro lado”.

Allí es difícil saber con quién se habla, porque la mayoría de los hombres usa el pelo al rape. Se dice en voz baja, que es por “pedido” de los guerrilleros “para poder infiltrarse”.

Alexander (nombre ficticio), un hombre de 43 años, tatuaje en el brazo y rostro duro, se vino a General Farfán hace cinco años. Nació en San Vicente del Caguán. No sabe cómo contar el porqué decidió huir, porque no quiere verse vulnerable. “La violencia desapareció a mi papá y a mi mamá”, dice como puede.

“Ellos llegaron un día y querían llevarme. Me negué. Me dieron 24 horas para que de-sapareciera”. Entonces, cruzó. Del otro lado dejó el recuerdo de sus padres muertos, sus diez vacas, sus cinco marranos y sus diez hermanos. Pero “no volvería”. “Es muy duro ver cómo matan a tu familia”, dice y una lágrima aflora. Entonces, lo describe: “Mi papá tenía un cultivo de coca, y tenía que pagarles una vacuna (un impuesto que cobran los guerrilleros). Un día no tuvo para darles y lo mataron a tiros. Cuando mi mamá vio a su marido muerto se les tiró encima, y allí mismo le dieron plomo”.

Ahora vive más tranquilo, con su esposa ecuatoriana y sus tres pequeños, pero no confía. “Siempre, en todas partes, hay gente de esa. Están infiltrados en el Ejército, en el pueblo, en la comunidad”.

Isabel, colombiana de 44 años, cruzó hace 10 meses y se trajo a sus 8 hijos, a su madre de 81 años y a sus dos hermanos, cada uno con su familia. Viven en Puerto Nuevo, y dice que ve lo mismo que allá: “bombardeos, tiroteos, de noche, de día, tampoco estamos seguros aquí”. Viven en una casa abandonada. Su madre, recostada en una cama a causa de un dolor en la cadera, tiene miedo: “uno oye que a los colombianos nos van a sacar, que tenemos que irnos”.

Pero además de la inseguridad en la que viven, la situación de vulnerabilidad de esta población aumenta por la falta de asistencia médica.

Rocío Romero Paredes, representante del Comité de Mujeres de Sucumbíos, dice que esta provincia tiene la más alta tasa de mortalidad materno-infantil del país. “Hace tres meses logramos que construyeran el centro de salud, pero no funciona”. Cuenta que las mujeres, para dar a luz, tienen que salir a Lago Agrio. “El camino no está asfaltado y son 3 horas. Hay mujeres que han fallecido y niños también. Se mueren en el camino”.

A veces, relata, “me llaman en la medianoche que están bombardeando, que a lo mejor una bomba nos va a caer. Eso en los últimos meses ha pasado casi todas las semanas. Vivimos con ruidos, con amenazas, nos dejan papeles que dicen que si no nos vamos, nos van los matar. Así vivimos acá”.