Hace 13 días, en la reunión de directorio de la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD), la agenda pudo ser la de tantas reuniones previas. Pero, esta vez, tenía dos componentes inusuales: la presencia del presidente de la República, Rafael Correa, y su pedido de que se analice a fondo la posibilidad de ejercer medidas legales, rápidas y certeras, sobre los bienes de los accionistas de Filanbanco, la institución bancaria cuya quiebra empezó el derrumbe del sistema financiero en 1998.

En esa reunión, el 26 de junio, Correa pidió que le dieran las salidas legales para ejecutar rápidamente la medida y resarcir al Estado del perjuicio sufrido por asumir deudas del banco con sus clientes, según cuentan varias fuentes que solicitaron la reserva, entre ellas, un asesor gubernamental y un vocal de uno de los organismos económicos presentes en la cita

El martes siguiente, 1 de julio, en una reunión que incluyó a miembros de la Junta Bancaria -a más de los miembros del directorio de la AGD- el Presidente fue informado: no se puede, le dijo el gerente general (e), Oswaldo Padilla.

Según fuentes de la AGD, Padilla dijo que, para proceder con la medida, se requería de un reglamento que la habilite, y de una sentencia en firme (en el juicio que contra accionistas y administradores de Filanbanco sigue el Estado).

Las objeciones del funcionario fueron enseguida rebatidas por varios participantes de la cita y ello abrió un compás de espera. El Presidente mostró su disconformidad con los reparos. Internamente, tal vez, desde ese momento decidió que el funcionario al mando de la AGD estaba, literalmente, fuera.

Al día siguiente, la jornada en la que Liga Deportiva Universitaria de Quito logró la Copa Libertadores de América, el Gobierno tenía como  agenda prioritaria hacer una reunión para despejar dudas y sondear nombres para nuevo gerente general de la AGD. Se buscaba alguien a quien, “como se dijo en la reunión, no le temblara el pulso para enfrentarse a un poder económico de tanto peso en el país”.

Aquella noche, el triunfo de Liga abrió también el cauce de las soluciones que el Gobierno buscaba. Uno de los asistentes a Carondelet fue el ex superintendente de Bancos, Juan Falconí Puig, quien ha tenido desde hace años una pelea sin cuartel con los principales accionistas de Filanbanco, los hermanos Isaías Dassum, presuntos propietarios de la mayoría de bienes del denominado Grupo Isaías, que incluye a 4 canales de televisión y varios negocios reconocidos, como Aztra y EICA.

En la página web de la Presidencia, a propósito del triunfo del equipo ecuatoriano, se publicaron varias fotos con los invitados. En una, festejando, constan, entre otros, el Presidente y Falconí. Ese día y al siguiente se publicaron media docena de fotos. Hoy, en el sitio web oficial, ya no están.

En todo caso, varios asesores le dijeron al Presidente que sí se podía incautar. En el caso del superintendente, fuentes de Gobierno indicaron que sugirió el nombre Carlos Bravo Macías, a quien conocía desde su época de máximo funcionario del sistema financiero. Bravo fue nombrado gerente general de la AGD y fue posesionado el viernes pasado. El ex superintendenrte de Bancos niega esta versión y sostiene que fue simplemente invitado por el Presidente para ver el partido.

Lo demás fue esperar el día adecuado para ejecutar la medida de incautación. Cuando todo estuvo listo, el Presidente puso en marcha la mega-reunión que este diario relató en su edición extraordinaria de ayer, para lograr el apoyo de la institucionalidad del país. Y, mientras tanto, un operativo sin precedentes empezaba, de madrugada, la incautación de casi doscientos bienes, empresas y negocios de los accionistas y administradores de Filanbanco. El golpe, ejecutado con inusual sigilo, había comenzado.