La Agencia de Garantía de Depósitos (AGD) decidió incautar los bienes de los accionistas y administradores de Filanbanco S.A. En una extensa resolución (ver página 5), el gerente general de la entidad, Carlos Bravo Macías, odena que los bienes sean, además, prohibidos de enajenar. La medida afecta a casi 200 compañías y negocios de los accionistas y administradores. El operativo de incautación empezó a ejecutarse en Guayaquil, en uno de los canales de televisión que pertenecerían a los accionistas principales del banco, los hermanos Isaías Dassum. La acción policial, iniciada a las 03:20, estaba prevista que se extienda a otros tres canales de televisión del Grupo. Acompañando a las fuerzas del orden, básicamente elementos que conforman grupos de elite, estuvieron los principales de la AGD y el nuevo administrador de los canales de televisión, Enrique Arosemena, quien es a su vez el principal directivo de ECTV, el canal público de televisión. La acción policial estaba prevista iniciarse a las 24:00 pero la ultimación de detalles en la resolución impidió que las aeronaves partieran de la capital de la República a la hora prevista.

“Estamos desconcertados”, decía la reportera de TC Televisión, Wendy Rosillo, cuando a las tres y media de la madrugada elementos del GIR  y de la Policía Nacional entraron al canal para cercar las instalaciones, donde además funciona Cablevisión, Gamavisión y TC radio, en medio del reclamo de decenas de empleados.

Según Rosillo, a las tres de la mañana llegó el gerente de la AGD, Carlos Bravo Macías, para incautar, aduciendo que tenía relación con el caso Filanbanco. Vino acompañado con Enrique Arosemena, el principal del canal del Estado, quien se presentó como el nuevo administrador del grupo de medios.

Los reporteros y empleados del canal decían que a pesar de que el Gobierno negó el sábado el rumor de la incautación. “Ahora vemos que la realidad es otra”, decía Rosillo, quien empezó a transmitir en vivo minutos después de la incautación.

“Este es un problema con Filanbanco por las pérdidas determinadas por la Junta Bancaria”, dijo Bravo apenas ingresó al canal. Además. sostuvo que la estabilidad laboral está garantizada a todos los trabajadores de la empresa, pues “ustedes no tienen la culpa de nada”.

El marco legal, según explicó Bravo, manda a que en aquellos casos en que los administradores hayan declarado patrimonios técnicos irreales, hayan alterado las firmas  de sus balances o hayan cobrado tasas de interés sobre interés, garanticen con su patrimonio personal los depósitos de la institución financiera.

Añadió que la AGD podrá incautar aquellos bienes que son de público conocimiento de propiedad de estos accionistas y transferirlos a un fideicomiso en garantía, mientras se pruebe su real propiedad en cuyo  caso pasarán a ser propiedad de la AGD y durante este período se dispondrá la prohibición de enajenar.

“Esa responsabilidad es del nuevo administrador de estos medios de comunicación y de todos los trabajadores, que en mi resolución garantiza la estabilidad laboral, de acuerdo con el artículo siete”, insistió.

Aclaró que esta garantía  incluye a otras 196 compañìas vinculadas a los ex accionistas y ejecutivos del banco; esta no es una medida en contra de la libertad de expresión ni mucho menos, aseguró.

Esta, indicó, es una medida por el fraude bancario que le ha costado al Estado 661.5 millones de dólares y afirmó que la acción es legal.

Arosemena aseguró que las actividades en el canal continuarán normalmente y que son los mismos empleados los que tendrán que garantizar su trabajo.
Comentó que tiene una experiencia previa, pues fue gerente del canal 8, en Quito, años atrás.

Bravo dejó posesionado como administrador temporal de las empresas televisivas a Enrique Arosemena.

En Quito, una medida similar se ejecutó paralelamente. Enseguida, la acción incluyó a los otros canales de televisión, que se encuentran en el mismo perímetro físico, prácticamente uno al lado del otro.