ECUADOR: Las medidas ante el desastre

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Ha pasado poco más de una semana desde el desastre natural más potente experimentado en Ecuador en las últimas décadas. En el escenario actual, según el cálculo oficial preliminar, el sismo destruyó ochocientos edificios, dejando afectados a seiscientos. Se le suma los daños en las carreteras y el colapso de las infraestructuras en zonas preferentemente turísticas. Este golpe duro ocurre en un contexto económico desfavorable por la apreciación del dólar y la caída de los precios del petróleo.

 

El Presidente Rafael Correa expuso: “La reconstrucción será larga, pero juntos superaremos esta tragedia”. En este sentido, cinco medidas fueron anunciadas con el objetivo de afrontar las necesidades de financiamiento. Así, de acuerdo a lo que la Constitución permite en estado de excepción se procedió a la creación del proyecto de Ley de Contribución Solidaria, con el fin de recaudar fondos e iniciar la reconstrucción de las zonas devastadas de la costa del Pacífico del país, específicamente de las provincias de Esmeralda y Manabí.

En concreto se trata de cinco medidas temporales y excepcionales con las que prevén recaudar aproximadamente 650.000 millones de dólares. Las medidas van desde el aumento en dos puntos del IVA durante un año, aportes salariales obligatorios de un día de sueldo, contribución adicional sobre utilidades y sobre personas naturales con alto nivel de patrimonio hasta la venta de activos y colocación de bonos en el mercado internacional.

Este proyecto legislativo va a llegar a la Asamblea Nacional con carácter económico urgente y allí estará con un plazo de treinta días para ser aprobado, en caso de ser positivo, entraría en vigor a partir del mes de junio.

La propuesta presentada parte de cinco medidas que permitirán canalizar la acción colectiva de los ecuatorianos para hacer frente a los daños que dejó el terremoto de una magnitud de 7.8. Entres las medidas principales se destaca el incremento del 2% al Impuesto al Valor Agregado, que pasará (en un plazo estimado en un año) del 12 al 14%. Dicho aumento no afectará al 90% de los alimentos, mientras que el 100% de las medicinas estarán exentas. Con esta medida se espera recaudar alrededor de 720 millones. Los recursos serán distribuidos en tareas de rehabilitación  y reconstrucción. Este proyecto también plantea una contribución solidaria de quienes ganen más de mil dólares al mes. Se trataría de un aporte, que dependiendo de los ingresos del ciudadano, equivaldría a un día de sueldo mensual o un día de sus ingresos mensuales; el tope será de cinco mil dólares y para los próximos cinco meses. Además, se aplicará una contribución por una sola vez del 3% adicional sobre utilidades y otra del 0.9% sobre personas naturales con patrimonio mayor a un millón de dólares.

Entre tanto, se estarán implementando otras acciones en beneficio de las poblaciones damnificadas en Esmeraldas y Manabí: aproximadamente 14 mil familias que tenían crédito hipotecario con el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (BIESS), estarán cubiertas por un seguro y no tendrán que cubrir la deuda pendiente. Además, el BIESS reconocerá los valores que aportaron sobre la vivienda perdida. A su vez, mediante Resolución se dispuso una serie de beneficios tributarios en torno al ejercicio fiscal 2015/2016.

El Estado ecuatoriano, como parte de las medidas temporales y excepcionales,  también prevé la venta de activos y colocación de bonos en el mercado internacional. El gobierno no ha dado detalles sobre cuáles serán los activos, ni del momento en que comenzarán los procesos de ventas, sin embargo, el Presidente Rafael Correa expresó que el país tiene diversos activos, como consecuencia de la inversión realizada durante los años de la Revolución Ciudadana. Según mencionó son activos altamente productivos y con buenas tasas de rentabilidad. Entre tanto, Patricio  Rivera,  Ministro Coordinador de la Política Económica, indicó que se debe economizar el paquete de activos y recordó que el Estado aun gestiona activos heredados de la crisis bancaria del año 1999, por lo que el Ejecutivo está analizando la manera más eficiente de llevar a cabo la implementación de esta medida.

 

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